Se les advirtió. En dos ocasiones adelanté -en este mismo espacio- que lo hecho hasta ahora por México era insuficiente en el combate al crimen organizado y era aún más irrisorio para saciar el hambre de los Estados Unidos de Norteamérica en su guerra contra los cárteles y que, tarde o temprano, la mirada se centraría en el poder, en los gobiernos de MORENA, para ser precisos.
La primera ocasión, fue en febrero, tras la salida de Adán Augusto de la dirigencia de la bancada de Morena en el Senado luego de meses de señalamientos por su cercanía con La Barredora. En aquél entonces, aplaudí la decisión de removerlo, pero, aclaré, que dicha decisión se circunscribió al ámbito político, no al jurídico ni muchos al de seguridad en Tabasco, que es justo el ámbito donde se esperaban resultados.
La segunda ocasión, fue en marzo, tras el abatimiento de El Mencho en Jalisco. Nuevamente, aplaudí que se hubiera atestado un golpe fulminante en contra del criminal número uno del país, pero, que, a pesar de ello, su organización criminal no había sido desmantelada ni sus conexiones con el poder erradicadas, que es precisamente donde se esperaban resultados.
Para dejarlo claro: Hasta ese momento, la estrategia del gobierno mexicano fue hacer todo lo que estuviera en sus manos para tranquilizar el ánimo de los americanos sin comprometer a su movimiento, evitando a toda costa que la mirada se dirigiera a donde siempre ha estado el problema: en los funcionarios públicos de MORENA coludidos con el narcotráfico.
Todo fue en vano.
El pasado jueves 30 de abril de 2026, Sinaloa fue la sede. No del mundial, sino de un meteorito.
No habían pasado las tres de la tarde cuando se hizo pública la solicitud detención provisional del gobernador en turno, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios con miras a lograr su extradición hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia suelo estadounidense.
Esta decisión tuvo dos objetivos nítidos: el primero, recordarle a México que para terminar con el crimen organizado se requiere acabar tanto con las filas de los cárteles como con los funcionarios quienes los dejan operar impunemente en el país y; el segundo, poner a la presidenta Sheinbaum a decidir qué papel jugará en todo esto.
Peor aún, me atrevo a decir, que la intención de los americanos fue desenmascararla públicamente, esperar a su reacción frente a la solicitud, ya sea que la acatara, que los sancionara en el país o bien, que saliera a defenderlos y, entonces, tomar las cartas correspondientes en el asunto, aún más severas de ser necesario.
Como era de esperarse, optó por lo último.
Al día de hoy, la presidenta se ha rehusado a cumplir con el deber de aprehender a Rocha Moya -incumpliendo con la responsabilidad que le corresponde en términos de un tratado bilateral- y, en su lugar, en al menos en seis mañaneras ha solicitado pruebas contundentes para justificar su detención, como si hubiera dejado de ser titular del Ejecutivo Federal y asumiera el papel de abogada defensora de Rocha Moya.
Ojo, la solicitud de detención provisional no fue una ocurrencia, sino que fue una petición formal realizada al amparo de un contrato internacional celebrado con México, una vez agotado el proceso criminal ante un Gran Jurado y previo descubrimiento de pruebas indiciarias que relacionan a 10 funcionarios públicos con narcotraficantes, es decir, con todas las de la ley.
Incluso pareciera que, la presidenta prefiere arriesgar la relación comercial que se tiene con EUA a tocar en modo alguno a servidores públicos que vistan su color, no olvidemos que estamos a la vuelta de la esquina de las negociaciones del T-MEC.
Decisión que, dicho sea de paso, tomó luego de que asistiera a Palenque, donde reside el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que no deja de abonar a las teorías que todos hemos escuchado en torno al liderazgo de facto que aún tiene el expresidente sobre Sheinbaum y a pesar de que ella ha negado categóricamente haberse reunido con él, porque claro, en ese momento, no había nada más urgente que ir a Palenque de visita ¿no?
Pero no perdamos de vista lo importante: El aspecto más preocupante de todos es ¿qué le impide a la presidenta entregar a Rocha Moya?
Una sola. La lealtad se acaba hasta que la libertad apremia.
La presidenta sabe, que extraditarlo es entregar a MORENA. Una vez que Rocha Moya toque tierra estadounidense buscará un trato con la Fiscalía – téngalo por seguro- para obtener un juicio breve y una condena reducida. Todo, a cambio de información que dichos funcionarios conocen a detalle y que confirmaría – de una vez por todas- el vínculo entre el crimen organizado y el más alto nivel de los gobiernos morenistas, destruyendo así, la credibilidad que sostiene a su movimiento, pues sus declaraciones podrían incluir a las fuerzas armadas de México y, con toda certeza, al propio Andrés Manuel López Obrador.
La carta ganadora de la presidencia para salir bien librada de todo este meollo con los americanos es, lamentablemente para MORENA, la misma que les hunde el barco.
La presidenta debe escoger: si entrega a Rocha Moya y rompe abiertamente con el pacto de impunidad que solidifica al partido oficialista, o bien, si lo protege y con ello, acepta públicamente a los estadounidenses que no tiene interés alguno en acabar con los narcopolíticos, al costo que ello pueda implicarle.
De pronto, un salvador.
Sorpresivamente, el pasado viernes 15 de mayo, el ex Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida -uno de los diez funcionarios cuya detención fue solicitada- se entregó a los Estados Unidos.
¡Pero qué conveniente! Sin que la presidenta tuviera que entregarle a Rocha Moya a Trump y sin que tuviera que romper abiertamente el pacto de impunidad de une a su partido, un valiente y desinteresado funcionario decide entregarse y afrontar las consecuencias de sus actos.
No sé usted, pero a mí, esto tiene de entrega lo que usted y yo tenemos de astronauta.
Nada está claro aún, pero algo sí podemos esperar, pronto los americanos volverán a tocar la puerta. Aún queda mucha tela de donde cortar. Y si la presidenta piensa que la entrega de este funcionario será suficiente, me permito volverle a adelantar, no, no va a ser suficiente.
Ante todo, nadie, absolutamente nadie está sugiriendo la intervención americana directa y sin cooperación -como si no la estuviéramos viviendo ya- por el contrario, los mexicanos queremos que se detengan a los criminales y los políticos consigo y que se les procese ante la justicia mexicana, pero cada vez que la presidenta sale a defenderlos, más lejana se vuelve dicha posibilidad.
¿Qué tiene que pasarle a la presidenta para que recapacite y tome cartas sobre el asunto?
Esto apenas comienza.
Kevin de la Rosa.
Abogado
