✍️ Michel Martínez
Las mujeres con discapacidad en México no solo se enfrentan a un entorno físico lleno de obstáculos, sino a una red compleja de violencias estructurales, sociales y familiares que históricamente han permanecido invisibilizadas.
En el marco del 3er Encuentro Estatal de Mujeres con Discapacidad, celebrado en las instalaciones de la asociación civil Juntos, una experiencia compartida A.C., se anunció una iniciativa clave para la entidad. Se trata del Observatorio para prevenir, disminuir y erradicar las violencias en contra de las Mujeres con Discapacidad en San Luis Potosí, un proyecto impulsado a través del programa Poderosa mediante un convenio tripartito que une los esfuerzos de la sociedad civil, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) y el sector privado.
La verdadera esencia de este movimiento radica en un activismo de base que empuja un cambio estructural urgente. Para Berenice Castillo, activista e integrante del programa Poderosa, ser mujer y vivir con una discapacidad detona factores que agravan la vulnerabilidad de las personas, tales como la pobreza, la falta de acceso a la educación formal y la exclusión sistemática del mercado laboral.
Durante el encuentro, se visibilizaron realidades complejas que pocas veces forman parte de las agendas públicas habituales, como la encrucijada de aquellas mujeres que, además de lidiar con su propia discapacidad, asumen el rol de cuidadoras de hijos que comparten la misma condición médica, a menudo en contextos de precariedad económica.
El espectro de agresiones denunciado abarca desde la indiferencia y la falta de empatía ciudadana en la vía pública, hasta la violencia institucional que restringe el acceso efectivo a la justicia. De manera alarmante, también se puso sobre la mesa cómo las violencias intrafamiliares y de pareja afectan gravemente a esta población, siendo en ocasiones la causa misma de que una mujer adquiera una discapacidad debido a las secuelas físicas de los abusos.
Frente a este panorama, las activistas y lideresas del proyecto coinciden en que la solución de fondo no reside únicamente en diagnosticar el problema, sino en garantizar una participación activa y una representación real dentro de los espacios de toma de decisiones. Berenice Castillo enfatizó la existencia de una demanda firme por una mayor presencia en curules legislativas o al frente de dependencias enfocadas en la mujer, lugares desde donde se podría estructurar una política pública eficiente para el estado.
Para lograrlo, el nuevo Observatorio centrará sus esfuerzos inmediatos en líneas de acción muy claras. Por un lado, se implementará capacitación especializada para el personal de empresas, organizaciones e instituciones gubernamentales en materia de género y discapacidad. Asimismo, se pondrán en marcha campañas de visibilización para concientizar a la sociedad sobre esta realidad específica, a la par de la generación de indicadores y diagnósticos estadísticos confiables que permitan ubicar y mitigar los distintos tipos de violencias.
El activismo actual asume la responsabilidad de abrir camino, reconociendo que las infancias y las jóvenes del futuro continuarán expuestas a estas circunstancias debido a factores congénitos, enfermedades o accidentes cotidianos. Construir entornos seguros hoy es la única garantía para que las próximas generaciones de mujeres con discapacidad tengan acceso a una vida digna y libre de violencia en San Luis Potosí.
