✍️ Michel Martínez
En el marco de las conmemoraciones del orgullo de la diversidad sexual, cuyo día cumbre se celebra este domingo 28 de junio, colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+ en San Luis Potosí recuerdan que aún existen profundos pendientes institucionales en materia de derechos humanos y en la garantía de una vida libre de violencia para este sector.
Cabe recordar que la agenda de movilizaciones presenta un ajuste importante para este año. Por cuestiones de logística y organización de los colectivos, la Marcha del Orgullo en la entidad no se llevará a cabo durante este fin de semana, sino que está programada para el próximo sábado 25 de julio. Para esta edición, los contingentes retomarán la ruta tradicional que inicia en el Parque de Morales y avanza hacia las principales plazas del Centro Histórico de la capital potosina.
La relevancia de estas movilizaciones se sustenta en la representatividad numérica que el colectivo tiene en el estado. A través de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) elaborada por el INEGI, se estima que en San Luis Potosí viven aproximadamente 137 mil 124 personas que se autoidentifican como parte de la comunidad LGBTTTIQ+, lo que equivale al 6.4% de la población de 15 años o más en la entidad. Esta cifra posiciona al territorio potosino en el lugar número 15 a nivel nacional en densidad de esta población, concentrándose la gran mayoría en la zona metropolitana.
A pesar de la presencia demográfica, el entorno social muestra un panorama restrictivo en el ámbito familiar y ciudadano. Los reportes locales indican que hasta un 80% de las y los jóvenes de la diversidad en San Luis Potosí prefieren mantener en reserva su orientación sexual o identidad de género debido al persistente miedo a sufrir rechazo o discriminación en sus hogares.
Por su parte, las organizaciones civiles insisten en que el marco legal actual resulta insuficiente para frenar las agresiones cotidianas. Andrés Costilla, representante de la asociación civil Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, reconoció que la entidad cuenta con avances normativos significativos, tales como las adecuaciones a la Ley del Registro Civil para el reconocimiento de hijos de parejas del mismo sexo y la prohibición de las llamadas terapias de conversión desde el Congreso local. Sin embargo, el activista subrayó que la agenda legislativa sigue incompleta frente al fenómeno de la violencia delictiva. La exigencia central de los colectivos de cara a las próximas movilizaciones se enfoca en la urgencia de que el marco jurídico del estado tipifique formalmente los delitos de odio.
Costilla enfatizó que esta medida de justicia penal debe contemplar tres rubros críticos en los que se vulnera a la población de la diversidad: los daños materiales a sus bienes, las lesiones físicas que atentan contra su integridad y, en el escenario más grave, la privación de la vida.
Esta demanda jurídica busca visibilizar y sancionar de manera estricta las agresiones motivadas por prejuicios, ofreciendo una estructura de seguridad real para una comunidad que tanto de forma virtual este domingo como en las calles el próximo 25 de julio, sigue marchando por el pleno reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales.
