Las reformas buscan poner fin al mercado negro, evitar el acaparamiento y ordenar el sistema de concesiones con plena transparencia.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) afirmó que la iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales y crear la Ley General de Aguas representa un avance decisivo para que México consolide un modelo donde el agua deje de tratarse como mercancía y sea reconocida plenamente como un derecho humano. La dependencia aseguró que este marco jurídico renovado permitirá corregir prácticas que durante años generaron inequidad, corrupción y concentración indebida del recurso.
El delegado de CONAGUA en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo, señaló que las modificaciones planteadas transformarán la gestión hídrica del país al establecer reglas claras y mecanismos de supervisión más estrictos. Explicó que el objetivo central es garantizar el acceso al agua para quienes la requieren, especialmente comunidades, productores y familias, además de brindar certeza jurídica a todos los usuarios.
“Estas reformas permitirán poner orden donde hubo abusos por décadas. San Luis Potosí y todo México avanzarán hacia un sistema justo, transparente y sin privilegios. El agua es un derecho humano y se va a proteger con rigor”, afirmó el funcionario federal.
Entre los alcances previstos, la institución subrayó la creación de un sistema de concesiones ordenado, con plena transparencia y sin espacio para la corrupción; el fin del mercado negro del agua, práctica que dejaba en manos privadas un recurso público; así como la eliminación del acaparamiento, que concentraba grandes volúmenes en pocos usuarios mientras comunidades enteras sufrían escasez.
Las reformas también contemplan garantizar el binomio tierra-agua mediante la posibilidad de heredar o vender títulos de concesión sin modificar volumen, uso ni vigencia, lo que protege los derechos de productores y propietarios. Además, la iniciativa es resultado de un proceso de diálogo nacional que incluyó 13 foros regionales y encuentros con académicos, agricultores, pueblos originarios, gobiernos locales, organizaciones sociales y representantes del sector productivo.
González Castillo destacó que en San Luis Potosí se mantendrá una comunicación directa con los usuarios para evitar desinformación y acompañarlos en cada etapa del proceso. “El compromiso es explicar con claridad, resolver dudas y asegurar que nadie pierda sus derechos. Las puertas de CONAGUA están abiertas para orientar a quien lo requiera”, expresó.
