La marcha de la llamada Generación Z dejó algo muy claro: en México, protestar sigue siendo un acto de valentía… y un riesgo. Lo que empezó como una movilización juvenil contra la violencia y la inseguridad terminó convertido en un episodio que debería preocuparnos a todos: jóvenes detenidos, acusaciones graves y un clima de intimidación que no tendría cabida en un país que presume democracia.
Miles de chavos salieron a las calles para decir lo mismo que millones sentimos: que vivir con miedo no es normal, que la violencia no debe ser rutina y que el futuro no puede seguir en manos de quienes no han sabido garantizarlo. Las manifestaciones no fueron perfectas, ninguna lo es, pero sí fueron auténticas. Fueron un reflejo del hartazgo de una generación que creció entre crisis, desapariciones, balaceras y promesas incumplidas.
Lo verdaderamente preocupante vino después: detenciones, golpes, acusaciones desproporcionadas y versiones encontradas. Las autoridades reconocieron irregularidades en el operativo, anunciaron investigaciones internas y suspendieron a algunos elementos. Pero aun con eso, varios jóvenes siguen enfrentando procesos penales con delitos que van desde lesiones hasta tentativa de homicidio. La diferencia entre buscar justicia y buscar culpables no es menor… y en este caso parece haberse cruzado una línea peligrosa.
Mientras tanto, desde el poder se ha insistido más en teorías de conspiración que en revisar si se respetaron o no los derechos de quienes fueron detenidos. Se habla de “manipulados”, de “grupos infiltrados”, de “intereses detrás”. Lo que casi no se escucha es la pregunta que cualquiera debería hacer: ¿se garantizó el debido proceso a cada joven?
Estemos o no de acuerdo con el tono de la marcha, hay algo que no podemos permitir que se normalice: que protestar te pueda llevar a una celda. Porque si hoy fueron ellos, mañana puede ser cualquier persona que levante la voz por seguridad, por salud, por educación o simplemente porque está cansada de que las cosas no cambien.
La generación que salió a marchar no es una amenaza. Es una generación frustrada, sí, pero también despierta. No quiere vivir huyendo, no quiere vivir callada, y sobre todo, no quiere vivir en un país donde ejercer un derecho básico se convierta en un delito. Criminalizar a los jóvenes no soluciona nada; solo demuestra que quienes deberían escuchar, prefieren callar las voces.
Lo mínimo que se exige ahora es transparencia, justicia y que no se usen procesos legales como herramientas de miedo. Lo mínimo que deberíamos preguntarnos es qué mensaje queremos enviar:
¿Que la juventud participe, cuestione y proponga?
¿O que tenga miedo de salir a la calle?
Porque en el fondo, lo verdaderamente peligroso no son las marchas…
Lo peligroso es una generación que deje de creer, que tiene la posibilidad de cambiar a su país.
Mauricio Chávez López
Secretario de Organización e Innovación Digital del Comité Municipal del PRI San Luis Potosí.
