✍️ Kenia Hernández
Los recientes casos de hallazgo de fetos abandonados en la zona metropolitana de San Luis Potosí han vuelto a poner sobre la mesa las deficiencias en el acceso efectivo a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pese a que este derecho está vigente en la entidad desde finales de 2024.
En menos de un mes fueron localizados dos fetos en distintos puntos del área metropolitana: uno en un terreno baldío de la colonia La Libertad II, en Villa de Pozos, y otro el pasado 21 de julio en un tiradero de la comunidad de Peñasco, en la capital potosina. A estos hechos se suma que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas al menos tres carpetas de investigación relacionadas con abortos clandestinos.
Mientras tanto, los Servicios de Salud sostienen que la atención para la interrupción legal del embarazo está garantizada en las instituciones públicas. La secretaria de Salud, María Leticia Gómez Ordaz, informó que en lo que va del año se han realizado más de 200 procedimientos de ILE en las cuatro regiones del estado y que, desde la entrada en vigor de la reforma que permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación, el Hospital del Niño y la Mujer acumula alrededor de 400 servicios, la cifra más alta entre las unidades médicas de la entidad.
Pese a estas estadísticas, organizaciones feministas consideran que los casos recientes evidencian que el acceso al servicio aún enfrenta obstáculos, principalmente por la falta de información clara y accesible, así como por el temor o la desconfianza de las mujeres y personas gestantes para acudir a las instituciones de salud.
La propia titular de Salud reconoció que uno de los principales retos es ampliar la difusión sobre este derecho y fortalecer la confianza de la población para que solicite atención de manera oportuna. Afirmó además que no existen registros de personas a quienes se les haya negado el servicio y aseguró que hospitales y clínicas del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar cuentan con personal capacitado para realizar el procedimiento.
Aunque el marco legal reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo y las autoridades sostienen que el servicio se encuentra disponible en las instituciones públicas de salud, los recientes casos de abortos clandestinos y el hallazgo de fetos abandonados evidencian que la existencia del servicio no garantiza, por sí sola, un acceso efectivo. La falta de información, la desconfianza y las barreras que persisten, especialmente en comunidades alejadas, continúan representando desafíos para que este derecho pueda ejercerse de manera segura, oportuna y en condiciones de igualdad.
