El pasado 4 de agosto del presente año, en Sesión de la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, se encendió la mecha de una transformación estructural. Como integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, formalizamos la presentación del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Economía Circular para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Lejos de ser un mero trámite burocrático o una declaración de buenas intenciones, esta propuesta legislativa emerge como un paso estratégico crucial. Su objetivo es la creación de una nueva legislación acorde con la Ley General de Economía Circular (LGEC) de México, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. En una entidad federativa caracterizada por su alta densidad manufacturera, el reto es mayúsculo: lograr una disociación absoluta entre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la degradación ambiental. La meta final es sepultar la vieja y nociva dinámica extractiva de “tomar, hacer, usar y desechar”, sustituyéndola por un modelo regenerativo donde los insumos permanezcan en el flujo productivo el mayor tiempo posible.
La propuesta normativa, integrada por 53 artículos y once disposiciones transitorias, no se limita a la teoría; introduce instrumentos de política pública y fomento económico diseñados para sacudir el tejido social e industrial potosino a través de cinco ejes fundamentales:
• Gobernanza Colegiada: Se instituye el Sistema Estatal de Economía Circular. Este órgano, encabezado por la SEGAM, coordinará las políticas públicas transversalmente junto a SEDECO, Finanzas, SEGE, SCT, SEDUVOP, SEDARH y la CEA.
• Incentivos al Ecodiseño: Se crea el Distintivo Estatal “San Luis Circular”, un sello oficial con vigencia de tres años que acreditará a empresas y productos con baja huella ambiental.
• Inclusión Social y de Género: Destaca la creación de la “Ventanilla Rosa de Economía Circular”, operada por SEDECO y Finanzas, que otorgará financiamiento preferencial y capacitación a emprendimientos sustentables liderados por mujeres.
• Guerra a la Obsolescencia: La ley consagra el “Derecho a la Reparabilidad”. Productores e importadores deberán evitar candados de software o diseños que impidan el arreglo independiente de los bienes.
• Tecnología y Agua para el Nearshoring: Siendo el agua el gran reto potosino, la ley exige que el agua tratada alimente los procesos fabriles para aliviar la presión sobre los acuíferos. Para lograrlo, la normativa articula una alianza estratégica entre la industria y las entidades académicas para el desarrollo de biorrefinerías, biocombustibles y el uso de “gemelos digitales”, tecnologías capaces de reducir el desperdicio industrial entre un 14% y un 30%. Este ecosistema de innovación dará certeza jurídica a gigantes como BMW y su clúster de autopartes, quienes lideraron la captación del 18.2% de la inversión nacional automotriz en 2025, permitiéndoles certificar sus metas ESG y coadyuvar en la creación de mercados locales de materias primas secundarias (acero y plástico reciclados).
A pesar de la solidez del documento, el éxito de la ley dependerá de cómo el Estado navegue entre algunos de los retos para su implementación:
La sostenibilidad presupuestal es el primero; los artículos transitorios determinan que la creación del Sistema y sus programas no deben generar incrementos en las partidas presupuestales de la SEGAM ni de los municipios, obligando a resolver la operación mediante movimientos compensados.
La reconversión municipal es el segundo; los ayuntamientos deberán coordinar la separación de residuos desde el origen, emitir programas locales y operar plantas de compostaje para capturar al menos el 50% de los desechos orgánicos.
La iniciativa de Ley de Economía Circular posiciona a San Luis Potosí a la vanguardia legislativa del país. Pasar de la norma aprobada a la ejecución territorial determinará si el Estado se consolida no solo como una potencia manufacturera de Norte-Centroamérica, sino como un referente en resiliencia ambiental, equidad social y desarrollo económico regenerativo.
Este paso normativo representa, en última instancia, la aportación más ambiciosa de la entidad en la lucha global contra el cambio climático. Al mitigar de raíz la generación de gases de efecto invernadero mediante la eficiencia tecnológica y el ecodiseño, San Luis Potosí demuestra que es posible blindar la competitividad industrial mientras se reducen drásticamente las emisiones de carbono, transformando la política ambiental local en un motor activo de acción climática global.
