El Congreso del Estado analizará una iniciativa para fortalecer las sanciones contra quienes evadan deliberadamente sus obligaciones alimentarias y contra las personas que colaboren para impedir su cumplimiento.
La propuesta, presentada por la diputada María Dolores Robles Chairez, plantea modificar el Código Penal de San Luis Potosí para considerar como delito aquellas acciones mediante las cuales un deudor alimentario provoque intencionalmente su insolvencia para evitar el pago establecido por la autoridad judicial.
Entre las conductas que contempla la iniciativa se encuentran la renuncia injustificada a un empleo o la solicitud de una licencia sin goce de sueldo cuando este sea su principal medio de ingresos, así como la transferencia o enajenación de bienes con la finalidad de evadir las obligaciones alimentarias.
La propuesta también busca responsabilizar a terceros que, teniendo conocimiento de la obligación o de un proceso judicial, ayuden a ocultar bienes, acepten aparecer como propietarios aparentes o participen en actos jurídicos simulados para impedir el cumplimiento de la pensión.
Para estas conductas se plantean penas de seis meses a tres años de prisión, además de multas de 60 a 300 días del valor de la UMA. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia, donde será analizada antes de determinar su viabilidad.
