El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) mantiene bajo revisión a proveedores contratados por los entes públicos durante la fiscalización de las Cuentas Públicas 2025, particularmente ante posibles operaciones simuladas o inexistentes realizadas mediante empresas conocidas como “fantasma” o “factureras”.
El titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló que este tipo de prácticas representan un riesgo para el patrimonio público, por lo que forman parte de los aspectos que se investigan durante las auditorías. Cuando se detectan operaciones que pudieran ser inexistentes o simuladas, el Instituto está obligado a dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que determine lo conducente dentro de sus atribuciones.
Lecourtois López advirtió que la compra o utilización de facturas para respaldar operaciones que no se realizaron puede generar consecuencias legales y fiscales para los servidores públicos involucrados, incluyendo penas de prisión. Asimismo, los proveedores que actúen en contubernio con funcionarios públicos pueden enfrentar responsabilidades conforme al marco legal vigente.
En la revisión de las Cuentas Públicas 2025 ya se perfilan posibles observaciones relacionadas con falta de documentación fiscal y administrativa, duplicidad de comprobantes y registros contables incorrectamente aplicados. El titular del IFSE señaló que, si estas irregularidades no son solventadas de manera satisfactoria, podrían derivar en el fincamiento de responsabilidades administrativas.
Ante este escenario, Lecourtois López hizo un llamado a los servidores públicos de los entes auditables a evitar operaciones con empresas que emitan comprobantes fiscales sin que exista un procedimiento que sustente la adquisición de bienes o prestación de servicios. Advirtió que, cuando un recurso público fue pagado por un bien o servicio que no existe, debe repararse el daño y reintegrarse el recurso.
