✍️ Kenia Hernández
En 2025 la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) identificó presuntas irregularidades en al menos una decena de centros para la atención de adicciones. Según documentó una nota del periódico, El Sol de San Luis, los señalamientos estuvieron relacionados con falta de protocolos, insalubridad y deficiencia de personal médico.
Al respecto, el director del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), Adolfo Rubio Velázquez, reconoció que en la entidad, existen anexos sin licencias que, presuntamente, cometen acciones en contra de los derechos humanos de quienes son internos.
“Estamos al tanto de la situación de que muchos jóvenes argumentan que se vulneran sus derechos… Sí nos ha tocado conocer algunos que hacen malas prácticas”, respondió.
Los señalamientos sobre este tipo de inmuebles que operan en la clandestinidad, se suman además a quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que en 2023 puso bajo el escrutinio de la Coepris y la Secretaria de Salud, a seis establecimientos por el supuesto internamiento de pacientes en contra de su voluntad.
Según la autoridad federal, en el Estado existen 60 anexos regulados con los que el Inpojuve busca establecer coordinación para atender la demanda de servicios en materia de prevención de las adicciones; ya que, a la fecha, registran al menos 5 mil casos supervisados de recuperación.
Mientras tanto, una de las principales preocupaciones del Gobierno Estatal abona al uso de drogas en adolescentes, que según aseguró Velázquez, es casa vez más temprana sobre todo, en escuelas secundarias.
El director puntualizó que actualmente las sustancias con mayor índice de consumo son la marihuana, la cocaína y el alcohol en mayores de 12 años.
Ante este panorama, la dependencia estatal exigió a los anexos que sus instituciones estén validadas frente a la autoridades de los servicios de salud.
