El Congreso de San Luis Potosí aprobó la expedición de la Ley de Justicia Cívica para el Estado y los Municipios, una propuesta presentada por el diputado Rubén Guajardo Barrera que establece mecanismos para atender conflictos cotidianos antes de que escalen a conductas delictivas.
El ordenamiento contempla la creación de juzgados cívicos integrados por juez, secretario, facilitador, médico y psicólogo, quienes deberán ser seleccionados mediante convocatoria pública. Los procedimientos privilegiarán la mediación y conciliación, además de establecer la posibilidad de resolver los casos mediante audiencias orales.
Entre las sanciones previstas se encuentran la amonestación y las multas, así como el trabajo en favor de la comunidad y la reparación del daño. La ley también establece garantías de debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa, además de procedimientos especiales para menores de edad.
La legislación incorpora también la figura de justicia cívica itinerante, mediante la cual los ayuntamientos deberán acercar estos mecanismos a poblaciones de difícil acceso y zonas marginadas. De acuerdo con Guajardo Barrera, el objetivo es contar con una vía de atención para conflictos de convivencia sin que necesariamente lleguen a instancias penales.
