Vivimos en una época en la que la política se consume a través de una pantalla. Un video de treinta segundos puede alcanzar a miles de personas, una declaración convertirse en tendencia en cuestión de minutos y una publicación generar más conversación que un discurso completo. La comunicación política ha cambiado de formatos, plataformas y velocidades, pero vale la pena preguntarnos: ¿estamos comunicando mejor o simplemente estamos comunicando más?
Las redes sociales han transformado nuestra manera de relacionarnos con los asuntos públicos. Hoy permiten conocer decisiones gubernamentales prácticamente en tiempo real, acceder a información, expresar inconformidades y establecer contacto con quienes ejercen responsabilidades públicas. Sin duda, representan una oportunidad para acercar la política a la ciudadanía y ampliar los espacios de participación.
Sin embargo, esta transformación también nos obliga a reflexionar sobre la diferencia entre comunicar y generar contenido. Porque una cosa es lograr que un mensaje llegue a miles de personas y otra, muy distinta, es conseguir que ese mensaje informe, genere comprensión o contribuya a construir confianza.
En la dinámica digital, donde las visualizaciones, los seguidores y las interacciones se han convertido en indicadores de alcance, existe el riesgo de confundir popularidad con resultados. Un video puede ser exitoso en términos de difusión sin que necesariamente represente una política pública efectiva, una decisión acertada o una respuesta a las necesidades de la población.
Y aquí considero importante hacer una distinción: La comunicación política es necesaria, pero no puede convertirse en un sustituto de la acción pública.
Desde la perspectiva de la administración pública, comunicar implica mucho más que difundir actividades, presentar cifras o dar a conocer programas. Significa explicar las decisiones, transparentar los procesos, facilitar el acceso a la información y, sobre todo, generar mecanismos que permitan conocer las inquietudes de la ciudadanía.
No basta con informar lo que se hace; también es necesario comprender lo que la sociedad necesita.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio sobre confianza en las instituciones públicas publicado en 2024, identificó una relación significativa entre la percepción de participación y la confianza gubernamental. Entre las personas encuestadas en 30 países que consideraban tener voz en las decisiones de gobierno, el 69% manifestó confiar en su gobierno nacional, frente al 22% de quienes sentían que no tenían esa posibilidad.
Estos datos nos invitan a pensar en algo fundamental: la confianza no depende exclusivamente de lo que las instituciones comunican, sino también de la percepción que tienen las personas sobre su capacidad de ser escuchadas y tomadas en cuenta.
Porque escuchar no es simplemente recibir comentarios en una publicación, organizar una reunión o abrir un espacio para expresar inconformidades. Escuchar verdaderamente implica reconocer las preocupaciones de la sociedad, analizarlas y, cuando corresponda, incorporarlas a los procesos de toma de decisiones.
En mi experiencia, uno de los aprendizajes más importantes del servicio público es comprender que detrás de cada solicitud, trámite o demanda ciudadana existe una realidad particular. Lo que para una institución puede representar un procedimiento administrativo, para una persona puede significar la solución de un problema que afecta directamente su vida cotidiana.
Por eso, la comunicación no debería entenderse como una actividad aislada de la gestión pública, sino como una herramienta que acompaña el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas.
Una comunicación efectiva también requiere reconocer que no todas las personas tienen las mismas condiciones de acceso a la información. Mientras algunos sectores participan activamente en las plataformas digitales, otros continúan encontrando barreras tecnológicas, educativas o sociales. De ahí la importancia de mantener canales diversos, accesibles y cercanos a las comunidades.
Esto no significa restarle valor a las nuevas formas de comunicación. Al contrario, considero que debemos aprovecharlas con mayor responsabilidad y sentido estratégico. Las redes sociales pueden ser instrumentos extraordinarios para informar, explicar decisiones complejas con un lenguaje sencillo, atender dudas y promover una ciudadanía más participativa.
El desafío consiste en que la comunicación sea de doble vía. Que las instituciones no solamente hablen, sino que también escuchen; que las preguntas ciudadanas no se interpreten automáticamente como ataques y que la crítica encuentre espacios para convertirse en una oportunidad de mejora.
También implica entender que comunicar con claridad no significa simplificar excesivamente los problemas públicos. Los asuntos de gobierno requieren contexto, información verificable y argumentos que permitan a las personas construir sus propias opiniones.
En una democracia, la comunicación debe contribuir al diálogo y a la rendición de cuentas, no limitarse a la construcción de una imagen.
Al final, el verdadero valor de la comunicación política no está únicamente en cuántas personas vieron una publicación, sino en qué pudieron comprender, cuestionar o hacer a partir de ella.
Hoy tenemos más herramientas que nunca para comunicarnos. El siguiente paso es utilizarlas para construir relaciones más abiertas, transparentes y responsables entre las instituciones y la sociedad.
Porque la política puede explicarse en treinta segundos, pero sus decisiones tienen consecuencias que duran mucho más. Y comunicar, antes que buscar ser escuchados, también exige aprender a escuchar.
✍️Mei Ham
Abogada
