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Fiscalización fortalece calidad de obras y recuperación de recursos públicos en SLP

El IFSE destaca que la rendición de cuentas y el combate a la corrupción generan confianza ciudadana y mayor eficiencia gubernamental.

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha logrado proteger el patrimonio de las entidades públicas y fortalecer la confianza ciudadana, gracias a un ejercicio de fiscalización constante que ha contribuido a mejorar la eficiencia en la gestión gubernamental y la calidad de las obras públicas en San Luis Potosí.

Así lo señaló el titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien destacó que la fiscalización cumple una función social fundamental al transparentar el uso de los recursos públicos y verificar que las y los servidores públicos cumplan con sus responsabilidades. Subrayó que la rendición de cuentas permite a la ciudadanía conocer cómo se ejerce el dinero público y evaluar el desempeño institucional.

Durante los procesos de auditoría, el IFSE ha detectado e inhibido actos con posibles responsabilidades administrativas e incluso con apariencia de delitos vinculados a prácticas de corrupción. Como resultado, se han logrado reintegros de recursos y la corrección de obras que no cumplían con los estándares técnicos establecidos, particularmente aquellas evaluadas mediante el laboratorio de obra pública.

Lecourtois López explicó que, en diversos casos, la revisión técnica permitió identificar deficiencias en materiales y procesos constructivos, lo que derivó en la rehabilitación y repavimentación de calles, así como en la devolución de recursos por parte de contratistas cuando no se respetaron las condiciones pactadas, lo que calificó como un logro directo de la fiscalización.

Finalmente, el Auditor Superior del Estado enfatizó que el trabajo del IFSE no se limita a revisiones contables, sino que también evalúa el desempeño y la eficiencia de los programas gubernamentales, con un enfoque social orientado a garantizar que el presupuesto público se traduzca en beneficios reales para la población y no en actos que perjudiquen a la hacienda pública.