A propuesta del diputado Tomás Zavala, el Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Agrícola para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de otorgar prioridad en los programas gubernamentales a productores que realicen obras y prácticas de manejo y conservación de suelo y agua, así como acciones de rehabilitación en zonas con menor desarrollo económico y social.
La reforma establece que será prioritario beneficiar directamente a las personas que viven en condiciones de pobreza en el campo, no solo para mejorar su calidad de vida, sino también para fortalecer la producción agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria del país.
De acuerdo con lo aprobado, tendrán preferencia en los programas correspondientes los productores que implementen prácticas de conservación de suelo y agua, acciones de rehabilitación en regiones con rezago económico y social, así como proyectos productivos que incorporen tecnologías de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático.
Asimismo, se reconoce que la pobreza en el medio rural es un fenómeno multidimensional, por lo que el análisis de la situación del campo potosino debe considerar no solo los ingresos monetarios de los agricultores, sino también indicadores como el acceso a la educación, la energía eléctrica, los recursos económicos, los bienes duraderos y los mecanismos de protección social, elementos clave para comprender la realidad rural.
El dictamen señala que, en México, el campo ha perdido relevancia en la agenda pública, lo que ha profundizado las condiciones de pobreza entre los productores rurales, situación que contrasta con otros países de la región y se refleja en el aumento de la pobreza rural a nivel nacional.
Ante este panorama, se subraya la necesidad de que el gobierno priorice el apoyo al sector rural y garantice que los programas sociales, subsidios y apoyos se canalicen de manera efectiva a quienes más lo necesitan, evitando prácticas clientelares o actos de corrupción.
Finalmente, se plantea que la política pública también debe orientarse a la generación de empleo y al impulso de proyectos sostenibles en el medio rural, promoviendo buenas prácticas ambientales y el uso de tecnologías limpias que fortalezcan los mercados locales, mejoren la gobernanza territorial y contribuyan a frenar la migración derivada de factores ambientales.
