El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a diversos artículos de la Ley de Planeación del Estado y Municipios, así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer como principio rector de la planeación estatal y municipal la protección, fortalecimiento y desarrollo de la familia.
La iniciativa, presentada por el diputado Rubén Guajardo Barrera, busca que las políticas públicas, programas y acciones gubernamentales incorporen de manera transversal el bienestar del núcleo familiar, con base en los principios constitucionales y en el respeto a los derechos humanos.
Con esta modificación, se otorga al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, la facultad de diseñar y coordinar políticas y programas orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias, fomentando la participación conjunta entre sociedad y gobierno. De igual manera, se faculta a los ayuntamientos para implementar acciones similares en el ámbito municipal, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación.
En la exposición de motivos del dictamen se subraya que la Constitución reconoce a los derechos humanos como una condición esencial para el desarrollo integral de las personas, y que la familia representa el espacio social donde se forman valores, se construyen relaciones y se desarrollan aspectos fundamentales de la vida individual y colectiva.
Por ello, se considera una obligación del Estado generar las condiciones necesarias para garantizar la protección de la familia, integrando este principio en la legislación estatal y traduciéndolo en políticas públicas concretas que contribuyan al desarrollo social, económico y humano de la población.
