El Gobierno del Estado de San Luis Potosí reforzará la protección jurídica de personas refugiadas y solicitantes de asilo que enfrentan situaciones de violencia o delitos, tras una reunión de trabajo entre la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Defensoría Pública del Estado y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El titular de la Defensoría Pública, Edgar Valdez Zavala, informó que el encuentro se llevó a cabo en atención a las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar que quienes requieren protección internacional tengan acceso real y oportuno a la justicia.
Durante la mesa de trabajo, en la que también participó la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga”, se analizaron rutas de colaboración para mejorar la asesoría y representación jurídica de personas en situación de especial vulnerabilidad, con un enfoque centrado en derechos humanos.
Las instituciones coincidieron en que una coordinación más estrecha permitirá brindar acompañamiento legal más eficaz a las personas refugiadas que han sido víctimas de delitos, además de fortalecer los mecanismos de atención que ofrece el Estado para garantizar su seguridad jurídica.
