Por: Karina González
En un despliegue de gráficas, porcentajes y validaciones oficiales, el alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó recientemente ante la cúpula empresarial el cierre de indicadores de seguridad de 2025. El discurso fue claro: una reducción histórica de delitos y una mejora sustancial en la percepción ciudadana. Sin embargo, para los habitantes de la zona norte de la ciudad, el eco de los aplausos en el ámbito oficial contrasta dolorosamente con el silencio de las coronas fúnebres.
La presentación de estas “cifras alegres”, respaldadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Inegi, ocurrió apenas pocas horas después de que San Luis Capital fuera sacudida por el feminicidio de Yesenia Yoselin, de 24 años, asesinada por su pareja en la colonia Las Flores.
El contraste de la realidad
Mientras el edil destacaba una disminución del 83.3% en feminicidios y celebraba que la capital es la “segunda ciudad mejor iluminada del país”, la realidad en las calles dicta una narrativa distinta. Especialmente para la familia de Yesenia, y para la de Miguel Ángel Rocha, un estudiante de 16 años del Cobach 26, asesinado también en la colonia Las Flores apenas el pasado 25 de enero, la estadística es un consuelo inexistente.
El caso de Miguel Ángel, ultimado por impacto de arma de fuego en una fiesta, permanece abierto con un agresor prófugo. Estos hechos, ocurridos en un lapso de apenas diez días en el mismo sector, exponen una vulnerabilidad que los promedios nacionales no logran capturar: el miedo tangible de la juventud y de las mujeres potosinas.
¿Eficiencia gubernamental o insensibilidad política?
El alcalde enfatizó que la incidencia delictiva total retrocedió un 10.2%, marcando una recuperación no vista en una década. No obstante, el “timing” de esta presentación ha sido recibido por diversos sectores sociales como, por decir lo menos, insensible.
“No es un discurso, es la estadística nacional la que señala mejoras”, puntualizó Galindo durante el evento.
Sin embargo, surge una interrogante necesaria: ¿Para quién gobiernan las cifras? Aunque el dato duro indique una tendencia a la baja, la acumulación de delitos de alto impacto en sectores específicos revela que el “modelo de ciudad segura” tiene grietas profundas donde la violencia de género y la violencia juvenil siguen cobrando vidas.
La eficiencia gubernamental se mide en trámites y servicios, pero la seguridad se debería medir en la libertad de volver a casa. La detención del presunto feminicida de Yesenia es un paso hacia la justicia, pero no repara el daño al tejido social ni elimina el sentimiento de desprotección que impera en las colonias de la periferia.
Anunciar éxitos rotundos en seguridad mientras la sangre de las víctimas recientes aún no termina de secar, convierte a la estadística en una herramienta de marketing político que parece ignorar el luto ciudadano. Para los potosinos que hoy temen por sus hijos en una fiesta o por sus mujeres en sus propios hogares, un punto porcentual menos en una gráfica no significa una vida más segura.
