Por: La Esfera
En un movimiento que ha levantado tanto cejas como suspicacias, el Cabildo de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la desincorporación y subasta pública de 18 inmuebles municipales. El botín no es menor: se estima una recaudación de entre 900 y 1,100 millones de pesos. Si bien la narrativa oficial se reviste de “progreso e infraestructura”, el contexto político en el que se presenta esta decisión obliga a una lectura entre líneas.
La administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos justifica esta desincorporación bajo la premisa de obtener recursos extraordinarios para obras de alto impacto en zonas como El Saucito, el Río Españita y la salida a Guadalajara. Sin embargo, resulta inevitable cuestionar la aparente urgencia por liquidar activos municipales justo en el umbral de un año electoral.
Aunque uno no quiera pensar mal, la cronología es sugerente. En el ajedrez político potosino, el fortalecimiento de la imagen pública a través de la obra cementera es una estrategia clásica. Con la mira puesta en una posible candidatura para ser gobernador, la ejecución exprés de proyectos de infraestructura de mil millones de pesos podría funcionar más como una plataforma de lucimiento personal que como una planeación urbana de largo aliento.
El argumento de que estos terrenos “no tienen uso funcional” y representan una fracción mínima del inventario municipal de más de mil 200 propiedades es, por decir lo menos, simplista. El patrimonio inmobiliario de una ciudad es su reserva territorial para el futuro; venderlo al mejor postor hoy es renunciar a espacios que mañana podrían albergar escuelas, parques o servicios públicos.
Surgen entonces las preguntas incómodas:
¿Quiénes serán los beneficiarios reales? En una subasta de este calibre, el círculo de posibles compradores se reduce a grandes capitales y constructoras. ¿Estamos ante un proceso de democratización de la propiedad o ante una entrega de activos públicos a intereses privados seleccionados?
¿A cambio de qué? Se sacrifica patrimonio que es de todas y todos los potosinos para financiar obras que, si bien son necesarias, deberían estar contempladas en presupuestos ordinarios gestionados con eficiencia, no a costa de la venta de los activos de la ciudad.
Ante este escenario, la vigilancia y fiscalización del proceso no deben ser una opción, sino una exigencia. Los avalúos por predio deben ser públicos y transparentes para evitar el “remate” de terrenos en zonas de alta plusvalía como Villamagna o la Zona Industrial.
La línea entre la gestión eficiente y el oportunismo político es delgada. Si bien el Cabildo asegura que los recursos irán “estrictamente” a obra pública, la ciudadanía debe preguntarse si vale la pena descapitalizar el futuro de San Luis Potosí para financiar la estética urbana del presente, especialmente cuando los tiempos electorales suelen nublar la objetividad de quienes gobiernan. El patrimonio de los potosinos no debería ser la moneda de cambio para aceitar una maquinaria de campaña.
