El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de San Luis Potosí, con el fin de sancionar el uso malintencionado de la inteligencia artificial (IA) en la creación o difusión de contenidos falsos que generen alarma social o afecten la confianza en las instituciones públicas.
La propuesta, respaldada por legisladoras y legisladores de diversas fracciones parlamentarias, plantea la incorporación de un nuevo capítulo denominado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, que contempla tres tipos de conductas delictivas: difusión dolosa de desinformación, manipulación institucional, y uso no autorizado de imagen o voz generada mediante IA.
En el primer caso, quien difunda de manera intencional contenidos falsos —como imágenes, audios, videos o textos generados o modificados con IA— con el propósito de causar temor o confusión social, podría enfrentar penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta seiscientas UMAs. Si la difusión se realiza a través de medios masivos, redes sociales o cuentas automatizadas, la sanción podría incrementarse hasta en una mitad.
Por otra parte, el delito de manipulación institucional mediante IA aplicaría para quienes fabriquen o difundan materiales falsos que simulen acciones o declaraciones de autoridades o instituciones públicas, con el objetivo de generar desconfianza o alterar el orden social. Este tipo de actos podría castigarse con penas de cuatro a ocho años de cárcel y multas de hasta mil UMAs, con agravantes si se cometen durante procesos electorales o situaciones de seguridad pública.
La iniciativa también contempla sanciones de uno a tres años de prisión para quienes utilicen inteligencia artificial para recrear sin autorización la imagen o la voz de una persona real, especialmente si el contenido se usa con fines de lucro o para dañar su reputación.
El legislador Serrano Cortés enfatizó que las medidas propuestas no buscan limitar la libertad de expresión, pues quedan exentas las producciones periodísticas, académicas, artísticas o de crítica política, siempre que se indique su naturaleza y no exista intención dolosa de desinformar o causar alarma.
La propuesta fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
