La diputada Jessica Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, con el objetivo de revisar diversos temas relacionados con la legislación en materia civil, familiar y mecanismos alternativos de solución de controversias, así como la operatividad del padrón de personas deudoras alimentarias.
Durante el encuentro se planteó la posibilidad de que este padrón pueda ser de consulta pública, como ya ocurre en otras entidades del país. La legisladora recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la publicidad de este registro no vulnera derechos humanos ni resulta inconstitucional.
No obstante, señaló que más allá de su difusión pública, el objetivo central debe ser garantizar que el padrón cumpla su función principal: asegurar el derecho de alimentos de niñas, niños y adolescentes y evitar que el mecanismo resulte ineficaz o contraproducente.
En la reunión también se acordó revisar criterios jurisdiccionales y analizar experiencias legislativas de otros estados para construir una propuesta que responda a las necesidades actuales.
Asimismo, se abordó el avance en la implementación de procesos orales en materia civil y familiar, un modelo que representa un reto para las entidades del país por los ajustes institucionales que implica.
En cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se revisó la iniciativa presentada por la diputada María Leticia Vázquez Hernández, la cual será analizada para elaborar un dictamen que permita su correcta aplicación tanto en el Poder Judicial como en el centro encargado de estos procedimientos.
La legisladora subrayó que es necesario difundir entre la población estos mecanismos, ya que permiten resolver conflictos mediante el diálogo, evitando procesos judiciales prolongados y costosos.
Finalmente, ambas autoridades coincidieron en mantener una coordinación permanente entre el Poder Legislativo y el Judicial para fortalecer el marco jurídico estatal y mejorar las herramientas legales en beneficio de la población.
