Por: La Esfera
El panorama de la transparencia en los ayuntamientos potosinos enfrenta un momento crítico. Tras las recientes revisiones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el auditor Rodrigo Joaquín Lecourtois López ha puesto al descubierto un entramado de irregularidades que van desde expedientes incompletos hasta la contratación de proveedores que solo existen en el papel.
Uno de los puntos más alarmantes detectados en las auditorías es el uso recurrente de empresas que carecen de instalaciones reales. Lecourtois López señaló que han localizado domicilios fiscales vinculados a edificios vacíos o terrenos baldíos, particularmente en contratos originados desde la Ciudad de México y aplicados en municipios de las cuatro regiones del estado.
Estas prácticas no solo representan una falta administrativa, sino que apuntan a una simulación de actos jurídicos para desviar recursos públicos. El auditor fue enfático al señalar que la fiscalización ahora busca diferenciar entre el error por desconocimiento, común en administraciones nuevas, y el acto deliberado de corrupción.
El proceso de fiscalización ha entrado en una fase definitiva. Tras la entrega de los Informes Individuales, los ayuntamientos tienen plazos estrictamente marcados por la ley:
Los alcaldes y entes públicos contaron con un periodo de 30 días hábiles para presentar toda la documentación que solvente las observaciones encontradas. Lecourtois advirtió que no hay espacio para la ignorancia de la ley, pues los informes fueron entregados de manera directa a los responsables.
Una vez recibida la respuesta de los municipios, el IFSE dispone de 60 días hábiles, de los cuales ya han pasado aproximadamente 30, para analizar las pruebas. Si los documentos no son suficientes o no se presentan, las observaciones adquieren el carácter de “no solventadas”, lo que abre la puerta a procesos sancionatorios.
Finalmente, el organismo debe informar al Congreso del Estado sobre las acciones finales y los procedimientos de responsabilidad administrativa o denuncias penales que resulten de este análisis.
A diferencia de años anteriores, la estrategia de fiscalización en San Luis Potosí ha endurecido el costo de la opacidad. Tan solo en 2025, se han aplicado multas a 482 funcionarios públicos municipales. La clave de estas sanciones es que deben ser pagadas con el patrimonio personal de los alcaldes, tesoreros o directores, y no con el dinero del erario.
Estas multas, que funcionan como créditos fiscales, buscan romper el ciclo de impunidad donde el ayuntamiento pagaba por los errores de sus funcionarios. Si un funcionario no cumple con el pago o con la entrega de información requerida, se enfrenta no solo a la inhabilitación, sino a la imposibilidad de participar en futuros procesos electorales.
