Por: La Esfera
El debate sobre la reforma electoral en México ha tomado un nuevo matiz crítico desde las entidades federativas. El diputado Rubén Guajardo Barrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó el rechazo contundente de su fuerza política hacia el denominado Plan B de la reforma electoral, señalando omisiones graves que, a su juicio, comprometen la integridad de la democracia mexicana.
Para el legislador potosino, el núcleo del conflicto no reside únicamente en la estructura administrativa del sistema electoral, sino en la seguridad del proceso. Guajardo Barrera enfatizó que la propuesta oficialista no atiende el problema de la infiltración del crimen organizado en los comicios, una realidad que ya afecta a diversas regiones del país donde la ciudadanía vota bajo coacción o desiste de participar por temor.
“Votar bajo amenaza no es democracia”, sentenció el diputado. La postura del PAN sostiene que cualquier reforma de fondo debería contemplar la nulidad automática de las elecciones en casos donde se compruebe la intervención delictiva, una medida que, según Guajardo, ha sido ignorada tanto en el Plan A como en el Plan B.
Otro de los ejes de la crítica se centra en la intención de modificar la composición de los ayuntamientos desde la federación. El diputado calificó de “burda” la intención de imponer una reducción en el número de regidores y síndicos bajo el argumento de la austeridad legislativa.
Desde la perspectiva de Acción Nacional, esta medida atenta contra el pacto federalista. Guajardo defendió la soberanía de los estados para decidir su propia estructura de gobierno local, señalando que la imposición de estas reglas desde el centro del país debilita las instituciones y la autonomía de las entidades.
En un análisis de los equilibrios de poder, el legislador recordó que la propia estructura de coaliciones del oficialismo ha generado distorsiones en la representación política. Mencionó que partidos como el PT y el PVEM han gozado de una sobrerrepresentación de hasta el 8%, un factor que, paradójicamente, ha complicado el consenso necesario para aprobar reformas de carácter constitucional.
El posicionamiento de Acción Nacional concluye con una advertencia clara: de intentar imponerse el Plan B mediante leyes secundarias para evadir el consenso constitucional, el partido mantendrá una férrea oposición jurídica y política. Para Guajardo, la Constitución debe ser protegida como el pacto que garantiza que el voto ciudadano sea respetado frente a los abusos del poder y la influencia del dinero ilícito.
