Por: La Esfera
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que el estado se prepara para presentar una reforma electoral local que busque aterrizar los lineamientos del Plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El mandatario subrayó que si bien, se apegarán a la normativa federal en un setenta por ciento, es imperativo realizar adecuaciones específicas que respondan a la realidad demográfica de cada municipio de la entidad.
El punto central de la propuesta de Gallardo Cardona radica en la reducción del número de regidores en los 59 ayuntamientos del estado. El gobernador explicó que el tope de 15 regidores establecido en la reforma federal debe interpretarse como un máximo para las grandes capitales, pero no como una cifra fija para municipios con menor población. En este sentido, el mandatario potosino planteó un esquema de un regidor por cada cien mil habitantes para garantizar una representación justa.
Para ilustrar su punto, el gobernador comparó la situación de la capital con otros municipios potosinos. Mencionó que si la capital potosina mantiene el tope de 15 regidores por su densidad poblacional, no resultaría congruente que municipios como Coxcatlán tengan la misma cantidad de representantes. Bajo este criterio de proporcionalidad, las demarcaciones con menor población podrían reducir su cuerpo de regidores a tan solo tres o cuatro integrantes.
En el caso de Soledad de Graciano Sánchez, que cuenta con aproximadamente la mitad de la población de la capital, el gobernador sugirió que la representación debería ajustarse a ocho regidores en lugar de los quince actuales. Además de la reconfiguración de los cabildos, la reforma local contemplará una revisión profunda al presupuesto del Congreso del Estado, buscando implementar topes salariales para los diputados locales en sintonía con las políticas de austeridad nacionales.
Gallardo Cardona enfatizó que este proceso de adecuación es una responsabilidad que recae en los 32 congresos locales del país. De no realizarse estos ajustes específicos a nivel estatal y municipal, se corre el riesgo de no cumplir con las exigencias y necesidades particulares de cada región, por lo que la “bajada” de la ley a lo local resulta fundamental para la eficacia de la reforma.
