| Por: Michel Martínez
La persistente entrada y regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos comúnmente como “autos chocolate”, representa una amenaza multifactorial para San Luis Potosí. Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano en la entidad, advirtió que este fenómeno no solo vulnera el marco legal vigente, sino que compromete la seguridad física de los ciudadanos y la estabilidad de las inversiones que sostienen la economía estatal.
Desde una perspectiva de seguridad pública, la proliferación de estas unidades genera un entorno de incertidumbre en las vialidades. De acuerdo con el líder empresarial, la falta de un registro confiable y el estado mecánico incierto de muchos de estos vehículos incrementan los riesgos de accidentes viales, afectando tanto a quienes adquieren estas unidades como a terceros que se ven involucrados en percances donde la responsabilidad jurídica suele quedar en el aire.
Chalita Zarur subrayó que, si bien el programa de regularización nació originalmente con una intención social para apoyar a las familias del campo en el transporte de sus mercancías, la realidad actual ha distorsionado ese propósito. Lo que inició como un esquema de apoyo productivo se ha transformado en un modelo de negocio para diversas asociaciones que operan al margen de la ley, dejando de lado el incentivo al sector agropecuario para dar paso a una saturación vehicular que no respeta el espectro legal.
En el ámbito económico, la mayor preocupación radica en la certidumbre para la inversión. El sector empresarial señala que las inversiones de gran calado se realizan bajo la premisa de un Estado de derecho sólido. Cuando la ley se aplica de manera discrecional a través de decretos que favorecen la informalidad, se envía un mensaje negativo a los capitales que detonan el crecimiento estatal. La industria automotriz, pilar de la economía potosina, comienza a resentir los efectos de un mercado distorsionado que compite en condiciones de desigualdad.
Finalmente, el Consejo Empresarial hizo un llamado a que cualquier disposición emanada de la Presidencia de la República sea revisada bajo el cumplimiento estricto de la ley. El respeto al marco jurídico es, en palabras de Chalita Zarur, la única vía para garantizar que el desarrollo económico de San Luis Potosí no se vea frenado por intereses ajenos al bienestar general y a la seguridad de la población.
