En el marco del Día Mundial contra el Maltrato Infantil, la explanada del Poder Judicial del Estado se convirtió en el escenario de una manifestación pacífica cargada de simbolismo. Integrantes de asociaciones civiles, encabezados por José Uriel Medina Sánchez, presidente de la organización “No más hijos rehenes”, colocaron peluches para visibilizar a los miles de niños potosinos atrapados en juicios de guarda, custodia y pensiones alimenticias que parecen no tener fin.
La denuncia de los activistas es contundente: el Poder Judicial de San Luis Potosí padece de una lentitud sistémica que convierte trámites legales en calvarios de varios años. Uriel Medina Sánchez señaló que es inadmisible que procesos diseñados para resolverse en meses se extiendan por años debido a la falta de celeridad o a criterios personales de los juzgadores, advirtiendo que, de continuar esta inercia, el estado se posicionará en los niveles más altos de impunidad respecto a la protección de los derechos de la infancia.
Un punto clave de la protesta fue la discusión sobre la violencia vicaria. Desde la perspectiva de las asociaciones potosinas, este fenómeno en el que se utiliza a los hijos para dañar al otro progenitor, debe abordarse con una visión de derechos humanos que trascienda las cuestiones de género.
Los colectivos hicieron un llamado urgente a las autoridades para aplicar una perspectiva de infancias. Argumentan que, más allá de las disputas entre padres y madres, el daño más severo y muchas veces irreversible recae en los menores de edad. En este sentido, instaron a los jueces a dejar de lado sesgos de género para centrarse exclusivamente en el bienestar emocional y físico de los niños.
La magnitud del problema se refleja en el acompañamiento que brindan estas organizaciones. Actualmente, documentan al menos 60 casos activos de hombres y mujeres en San Luis Potosí que enfrentan violencia vicaria y procesos judiciales tortuosos.
Las asociaciones civiles recomiendan a la ciudadanía estar alerta ante las “banderas rojas” en sus relaciones de pareja para evitar llegar a escenarios de judicialización extrema. Asimismo, reafirmaron su compromiso de seguir acompañando a los afectados, ofreciendo asesoría ante un sistema que aseguran, ha olvidado que detrás de cada expediente hay una vida infantil en pausa.
✍️ Michel Martínez
