Lo que el Gobierno Federal presentó como una estrategia para eliminar las “pensiones doradas” de una élite privilegiada se ha convertido en una realidad asfixiante para miles de ex trabajadores de la clase trabajadora en San Luis Potosí. Tras la aprobación en fast track de las modificaciones al artículo 127 constitucional, jubilados potosinos de diversas dependencias federales han alzado la voz para denunciar un deterioro drástico y acelerado en su calidad de vida, señalando que la medida no distinguió niveles salariales y afectó con la misma severidad a quienes perciben ingresos modestos.
La narrativa oficial de “justicia social” choca frontalmente con la realidad en el estado, donde el recorte no es un simple ajuste administrativo, sino un golpe directo a la capacidad de supervivencia en una etapa donde la vulnerabilidad biológica y económica es máxima.
Para un adulto mayor potosino, el concepto de “recurso excedente” no existe, pues la reducción de sus percepciones mensuales impacta áreas críticas que no admiten postergación como la atención médica especializada. Ante las deficiencias en el sistema de salud pública local, muchos jubilados dependen de sus pensiones para costear medicamentos y consultas privadas, por lo que este recorte los obliga materialmente a elegir entre su tratamiento o su alimentación.
Además del acceso a la salud, la capacidad de adquirir la canasta básica se ha visto comprometida. El alza inflacionaria en la región, combinada con una pensión disminuida, ha reducido la dieta de los jubilados a elementos mínimos, eliminando nutrientes esenciales para mantener la salud en la vejez. Asimismo, el pago de servicios básicos y el mantenimiento de la vivienda en la entidad se vuelven cargas insostenibles que empujan a muchos a situaciones de precariedad habitacional.
Uno de los puntos más críticos señalados por los afectados en San Luis Potosí es la falta de gradualidad en la aplicación de la ley. Los manifestantes sostienen que la reforma se ejecutó con una visión generalizada que castigó al trabajador de a pie bajo el pretexto de combatir el privilegio.
La celeridad con la que se aprobó la reforma en el Congreso es vista como una falta de respeto al proceso democrático y un desprecio por el impacto social, ya que no se realizó un análisis de las consecuencias para quienes sostuvieron la infraestructura del país durante décadas. Hoy, estos ciudadanos exigen el respeto a la irretroactividad de la ley y a los recursos que les corresponden para no caer en la indigencia.
Por: Michel Martínez
