Piperos de San Luis Potosí convocaron a una movilización el próximo viernes 6 de febrero de 2026, a las 9:00 horas, en el kilómetro 8 de la carretera Matehuala–San Luis Potosí, para exigir a las autoridades federales una explicación clara sobre las implicaciones de la nueva Ley General de Aguas y las recientes clausuras de pozos en la región.
La protesta busca la presencia del director general de CONAGUA, Dario González, así como de diputados federales y senadores potosinos, a quienes el gremio acusa de aprobar la reforma sin consultar a los transportistas de agua, pese al impacto directo en su actividad económica.
Raúl Torres Mendoza, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC), advirtió que más de 400 piperos en el estado podrían resultar afectados, pues algunos pozos ya fueron cerrados sin previo aviso ni información técnica. Señaló que la incertidumbre ha generado preocupación entre quienes dependen del suministro mediante pipas para sostener a sus familias.
Torres Mendoza subrayó que la nueva Ley General de Aguas, aprobada en diciembre de 2025, modifica de manera sustancial el sistema de concesiones: consolida a CONAGUA como única autoridad para la reasignación, prioriza el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, y establece mayores controles sobre su uso y extracción.
Además, destacó que la legislación incorpora un nuevo capítulo sobre sanciones y delitos hídricos, con multas que pueden ascender hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 657 mil pesos, para quienes incurran en infracciones graves. Esta disposición, dijo, ha generado inquietud entre operadores y propietarios de pipas.
El representante de AMOTAC criticó que los legisladores federales potosinos no hayan convocado al sector para analizar la reforma, pese a que forma parte de una actividad esencial en muchas comunidades. “Lo mínimo que pedimos es claridad, diálogo y honestidad en la aplicación de la ley”, sostuvo.
El gremio afirmó que la movilización será pacífica y que su finalidad es obtener certeza jurídica y operativa frente a una reforma que, aseguran, puede afectar directamente su sustento y el abasto de agua en zonas donde las pipas son la única fuente confiable del recurso.
