Los ayuntamientos de San Luis Potosí tienen hasta el próximo lunes 31 de agosto para demostrar que cumplieron con la homologación salarial de sus policías municipales, una obligación establecida en la reforma constitucional publicada en abril pasado. Hasta ahora, apenas 10 de los 59 municipios han acreditado el cumplimiento, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) advirtió que el vencimiento del plazo no será un trámite menor: los gobiernos municipales que incumplan podrán ser sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa y, cuando existan elementos para ello, incluso enfrentar procesos ante la Fiscalía General del Estado.
El organismo fiscalizador también pondrá bajo revisión los recursos federales destinados a seguridad pública, particularmente para determinar que hayan sido aplicados al fortalecimiento de las corporaciones. La fiscalización incluirá la comprobación del gasto y la posibilidad de detectar si existen municipios que reporten avances salariales sin haberlos aplicado realmente.
El IFSE señaló como casos especialmente preocupantes a Tancanhuitz, que opera con un número reducido de policías, y San Nicolás Tolentino, donde no existe un solo elemento de seguridad registrado en nómina. Para evitar simulaciones, los ayuntamientos deberán acreditar los pagos mediante comprobantes fiscales digitales debidamente timbrados ante el SAT, mientras se revisará que los recursos destinados a seguridad se traduzcan también en mejores condiciones para las corporaciones, contratación de elementos y equipamiento.
