El Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 122 TER de la Constitución Política de San Luis Potosí, iniciativa impulsada por el diputado Rubén Guajardo Barrera, del PAN, con el objetivo de incorporar a las corporaciones de seguridad pública en las tareas de investigación criminal, en concordancia con la reforma federal aprobada a finales de 2024.
La modificación responde al cambio realizado en la Constitución mexicana, que dejó de atribuir la investigación exclusivamente al Ministerio Público para permitir la participación de la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Guardia Nacional y policías estatales y municipales, siempre bajo dirección y mando del Ministerio Público. Con ello, el Sistema Nacional de Seguridad Pública adquirió un rol más amplio en la integración de carpetas de investigación y la coordinación operativa entre instituciones.
Guajardo Barrera expuso que el ajuste en la legislación local busca atender un problema estructural: el alto nivel de impunidad en México. De acuerdo con cifras oficiales, aproximadamente 92 por ciento de los delitos no se esclarecen, y las Fiscalías enfrentan millones de carpetas abiertas, lo que representa una sobrecarga que limita su capacidad operativa.
En este contexto, ampliar la participación institucional en la fase de investigación pretende agilizar la obtención y el resguardo de pruebas dentro del sistema penal acusatorio, donde cualquier irregularidad puede derivar en nulidades o fallas procesales que comprometen los casos ante los tribunales.
Actualmente, la Constitución estatal atribuye al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos del fuero común; sin embargo, con la reforma aprobada se incorpora explícitamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal y a las policías municipales como auxiliares en estas tareas. La conducción jurídica del Ministerio Público permanece intacta, al igual que la facultad exclusiva de ejercer acción penal.
Con esta reforma, el Congreso busca avanzar hacia un modelo con mayor capacidad operativa para enfrentar la impunidad y robustecer la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia en San Luis Potosí.
