El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la minuta de reforma constitucional federal que establece un tope a las jubilaciones y pensiones de exfuncionarios públicos, con el objetivo de eliminar percepciones consideradas excesivas dentro del sector público.
La modificación plantea que ningún retiro podrá superar la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, aplicando a organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y otras entidades tanto federales como estatales y municipales. La medida incluye incluso pensiones vigentes, que deberán ajustarse al nuevo límite una vez que entre en vigor.
De acuerdo con lo expuesto en el dictamen, la reforma busca frenar esquemas de retiro con montos elevados y redirigir recursos públicos, sin afectar sistemas basados en aportaciones individuales o voluntarias. También quedan fuera de esta disposición las pensiones no contributivas y los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas.
El decreto obliga a los congresos locales y al Congreso de la Unión a armonizar su legislación conforme a este criterio, además de establecer que no habrá ampliaciones presupuestales para cubrir estos ajustes, por lo que las dependencias deberán realizar adecuaciones con los recursos ya asignados.
