Derivado de la aprobación de la Ley General de Economía, este artículo es la primera entrega de una serie que pretende profundizar en el contenido de esta nueva disposición en materia de Circularidad. La historia económica moderna de México, al igual que la de la mayoría de las naciones industrializadas, se ha escrito bajo la lógica implacable de la linealidad. Durante décadas, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha estado intrínsecamente vinculado a la extracción acelerada de recursos naturales finitos, su transformación mediante procesos intensivos en energía, su consumo rápido y, finalmente, su desecho indiscriminado. Este paradigma de “extraer, producir, usar y tirar” ha generado riqueza, indudablemente, pero también ha acumulado una deuda ecológica y social que, hacia el año 2025, se ha vuelto impagable bajo los términos actuales.
La aprobación de la normatividad referida, no es un evento legislativo aislado ni una mera actualización administrativa de la gestión de residuos.
Representa, en su esencia más profunda, un reconocimiento de Estado sobre la inviabilidad del modelo lineal. Es un intento de reconfiguración sistémica que busca desacoplar el desarrollo económico de la degradación ambiental, alineando a México con las vanguardias regulatorias de la Unión Europea y respondiendo a una crisis doméstica de proporciones alarmantes.
Para comprender la magnitud de la solución propuesta por la LGEC, es imperativo dimensionar el problema. México enfrenta una crisis de gestión de materiales que desborda la capacidad operativa de los municipios y amenaza la salud pública.
Diariamente, el país genera más de 120,000 toneladas de residuos sólidos urbanos. Esta cifra, por sí sola, es difícil de visualizar, pero equivale a llenar el Estadio Azteca de basura cada pocos días. Lo más grave no es la generación por sí misma, sino el destino de estos materiales. De esta inmensa montaña de recursos potenciales, apenas una fracción —estimada entre el 9% y el 10%— logra reincorporarse a las cadenas productivas mediante el reciclaje formal. El 90% restante sigue una ruta de destrucción de valor: termina enterrado en rellenos sanitarios que operan al límite de su vida útil o, peor aún, disperso en uno de los más de 2,000 tiraderos clandestinos a cielo abierto que laceran el paisaje, además de ser fuente de múltiples problemáticas alrededor de los mismos.
Esta ineficiencia representa una falla de mercado colosal. Al enterrar plásticos, metales, vidrio y papel, nuestro País entierra literalmente dinero. Se estima que miles de millones de pesos en materias primas secundarias se pierden anualmente, obligando a la industria a extraer nuevos recursos vírgenes, lo que a su vez incrementa las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). De hecho, se calcula que el 45% de las emisiones globales de GEI provienen directamente de la manera en que producimos y consumimos bienes y alimentos.
En un ecosistema político caracterizado por la polarización y el debate ríspido, la trayectoria legislativa de la LGEC destaca por su consenso. La minuta fue aprobada en la Cámara de Diputados con una contundencia inusual: 460 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Posteriormente, el Senado de la República ratificó el proyecto con 111 votos a favor, consolidando un respaldo multipartidista que abarcó la coalición mayoritaria (Morena, PT, PVEM) hasta la oposición (PAN, PRI, MC).
Este unanimismo político envía una señal poderosa a los mercados y a la sociedad: la transición hacia la economía circular no es una bandera ideológica de un solo grupo, sino una política de Estado prioritaria. Legisladores de diversas bancadas coincidieron en que la ley no solo aborda un problema ambiental, sino que es una palanca para la reactivación económica, prometiendo la creación de “empleos verdes” y la modernización de la planta productiva nacional.
Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversias procedimentales. La aprobación en el Senado se realizó mediante la “vía rápida” dispensando los trámites de revisión en comisiones. Esta celeridad generó suspicacias entre organizaciones de la sociedad civil, quienes argumentaron que la prisa impidió un escrutinio técnico profundo de las letras chiquitas de la ley, particularmente en temas sensibles como la incineración de residuos y los mecanismos de autorregulación industrial.
Sin embargo, respecto de dicha aprobación podemos concluir una cosa, la apertura a nivel nacional sobre una nueva conceptualización de la “basura” marcará un hito en esta materia, pues a pesar de los retos que existen, en la LGEC se instaura un nuevo contrato social y productivo.
• Para las Empresas, la circularidad deja de ser una opción de relaciones públicas para convertirse en una licencia para operar. La eficiencia en el uso de materiales será un determinante de competitividad.
• Para los Gobiernos Locales, implica una profesionalización forzosa de los servicios públicos y el fin de la era de los tiraderos a cielo abierto.
• Para los Ciudadanos, conlleva la responsabilidad cívica de participar activamente en la separación y reducción.
• Para las Personas recuperadoras, ofrece una ruta hacia la dignidad laboral y la inclusión.
En definitiva, nuestro País ha decidido apostar por la ruta Circular, lo que implicará dejar atrás la economía del desperdicio. El éxito de ésta transición dependerá ahora de la capacidad de implementación del Estado, la responsabilidad corporativa del sector privado y la vigilancia activa de la sociedad civil, por lo que, los próximos años por venir serán cruciales para marcar el destino de la sostenibilidad en nuestro País.
Anna De La Cruz
Abogada
