Hace poco más de un mes las imágenes de Poza Rica y la Huasteca Potosina bajo el agua no solo son el retrato de una tragedia; son el prólogo de nuestro futuro si no actuamos ahora. El diluvio de octubre, dejó un rastro de muerte, millas de hogares destruidos y pérdidas económicas incalculables, no fue un evento impredecible. Fue la manifestación violenta de una nueva realidad climática que nuestras ciudades y comunidades no están preparadas para enfrentar.
La ciencia es contundente: el cambio climático está intensificando la frecuencia y severidad de los fenómenos meteorológicos en México. Las lluvias torrenciales que antes eran excepcionales son ahora la nueva norma. Seguir reconstruyendo sobre las mismas ruinas, con los mismos paradigmas, es condenarnos a un ciclo perpetuo de desastre y lamento.
La reconstrucción no puede ser solo un acto de reposición. Debe ser una reinvención. Por ello, pienso, que se debe tener en cuenta tres ejes de acciones urgentes y factibles para transitar de la vulnerabilidad a la resiliencia, aprendiendo de las dolorosas lecciones de los cinco Estados afectados (Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí).
En este sentido, la tragedia sucedida en Poza Rica es un caso de estudio, si bien es cierto, el Atlas de Riesgos del municipio, actualizado en 2023, señalaba con precisión quirúrgica las colonias que estuvieron cubiertas de lodo como zonas de “peligro muy alto” por inundación. El mapa era una advertencia clara, pero no sirvió de nada.
Esta desconexión entre el conocimiento del riesgo y la acción política es un mal endémico. Los Atlas de Riesgos en México son, en la práctica, documentos consultivos que los gobiernos municipales pueden ignorar sin consecuencias, sin embargo, esto tiene que terminar.
El diluvio de octubre nos demostró la necesidad que tenemos en nuestro País de contar con ciudades resilientes.
Para ello urge que vayamos hacia Ciudades Adaptables, que los Atlas de Riesgo se transformen en leyes vinculantes, instrumentos como la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDATU-2023 que establece los lineamientos para un ordenamiento territorial que resista y se adapte a las amenazas naturales. Misma que se debe aplicar con rigor, por lo que los planes de desarrollo urbano municipales deberían de ir acordes a este mapa de riesgo.
La respuesta tradicional a las inundaciones ha sido construir muros de contención y canales de concreto. Esta “infraestructura gris” es costosa, rígida y, como hemos visto, a menudo insuficiente. Peor aún, muchas veces solo traslada el problema aguas abajo. La solución no es luchar contra el agua, sino aprender a convivir con ella.
Por lo que, si pretendemos lograr adaptarnos a nuevas condiciones climáticas, fomentar la Inversión Masiva en infraestructura Verde que nos permita encontrar soluciones basadas en la naturaleza, esto puede incluir:
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Establecer o restaurar esponjas naturales que protejan y restauren humedales, llanuras de inundación y riberas de ríos, actuando como esponjas gigantes que absorben el exceso de agua durante las crecidas, liberándola lentamente y reduciendo el pico de la inundación.
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Dar inicio a la planificación de ciudades permeables, dando paso a la construcción de jardines de lluvia, parques inundables, y el uso de pavimento permeable en calles y banquetas.
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Reforestar las cuencas como primer línea de defensa para la retención significativa de agua, misma que impide llegar a los cauces.
Estas soluciones no solo mitigan inundaciones, sino que mejoran la calidad del aire, combaten el calor, crean espacios públicos de calidad y fomentan la biodiversidad.
Es necesario mencionar que una de las crisis más graves y menos visibles tras las inundaciones fue la sanitaria, pues las calles de Poza Rica y las comunidades de la Huasteca se convirtieron en focos de infección por la acumulación de toneladas de lodo, basura y escombros. Actualmente, no existe una cifra oficial sobre el volumen de residuos generados, lo que demuestra una grave deficiencia en la gestión de desastres en materia de residuos.
Por lo que, es imperante la existencia de un Protocolo Nacional para la Gestión de residuos Post-Desastre, nuestro país, necesita de forma urgente un protocolo estandarizado que se active de forma automática tras una emergencia, que incluya:
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Adoptar modelos (similares a los de agencias como FEMA en EE. UU.) que permitan estimar el volumen de escombros en las primeras 48 horas, calculando en el número de viviendas dañadas y la magnitud del evento. Esto es clave para planificar la logística de limpieza (maquinaria, personal, costos).
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Instruir en la separación de residuos desde el origen. Se deben crear sitios de acopio temporal donde se clasifiquen los escombros: residuos vegetales (para composta), escombros de construcción (para reciclaje), electrodomésticos y, crucialmente, residuos peligrosos (pinturas, químicos, baterías) que requieren un manejo especializado para no contaminar el suelo y el agua.
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Integrar la Salud Ambiental en Protección Civil, por lo que, la remoción de escombros no es una tarea de limpieza, sino una intervención de salud pública.
Las lluvias de octubre del 2025, quedarán para la memoria de sus pobladores y para el resto de quiénes habitamos este hermoso país, fue un veredicto sobre la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo urbano, sin dejar de tomar en consideración la vulnerabilidad no es una condición natural, es una construcción social y política.
En conclusión, invertir en la naturaleza como nuestra principal aliada y planificar la gestión de las secuelas de un desastre son pasos lógicos, alcanzables y absolutamente necesarios. La pregunta no es, si podemos permitirnos invertir en estas soluciones, sino si podemos permitirnos el costo humano y económico y de no hacerlo. El próximo diluvio ya está en el horizonte.
Anna De La Cruz
Abogada
