Por: La Esfera
Lo que inició como un anuncio de “recursos extraordinarios” para obra pública ha pasado a la frialdad del papel oficial. Tras el análisis detallado de la convocatoria de la Subasta Pública No. 01/2026, el optimismo del ayuntamiento de San Luis Potosí choca de frente con una realidad incómoda: los precios de salida de los 18 inmuebles municipales parecen estar diseñados para una liquidación rápida, más que para una protección real del patrimonio ciudadano.
El documento oficial no escatima en argumentos legales para asegurar que el Cabildo tiene la última palabra. Amparándose en la Controversia Constitucional 109/2019, la administración de Enrique Galindo Ceballos ha levantado un muro jurídico que impide la intervención del Congreso del Estado. Si bien esto es legalmente sólido, en la práctica elimina cualquier contrapeso externo, dejando la venta de más de 910 millones de pesos en activos exclusivamente en manos del gobierno municipal.
El punto más crítico surge al contrastar los valores de salida establecidos en la convocatoria con los precios actuales del mercado inmobiliario potosino. La brecha es preocupante. En zonas de alta plusvalía como Villamagna, la subasta arranca con precios base que oscilan entre los 5,500 y 8,000 pesos por metro cuadrado; sin embargo, el mercado real para esa misma zona ya supera los 11,000 pesos, lo que representa una subestimación cercana al 40%.
El caso de la Zona Industrial es aún más simbólico. El predio de 127 mil metros cuadrados tiene una postura legal de 2,800 pesos por metro cuadrado, mientras que terrenos similares en el Eje 120 se cotizan cerca de los 4,000 pesos. Esta diferencia podría significar que el municipio deje de percibir cientos de millones de pesos por no ajustar sus avalúos a la realidad comercial actual.
Otro aspecto que genera profunda suspicacia es el mecanismo de supervisión. La convocatoria delega la vigilancia del proceso a un comité interno y a la Contraloría Municipal. Ante movimientos financieros de tal magnitud, superando los mil millones de pesos en valor estimado, este esquema de fiscalización pareciera ser insuficiente.
Confiar la transparencia de una subasta masiva a un comité integrado por los mismos subordinados de quien impulsa la venta es, en el mejor de los casos, un acto de fe. Sin la presencia de observadores ciudadanos externos, cámaras empresariales independientes o una auditoría en tiempo real de organismos estatales, la “vigilancia” queda reducida a un trámite burocrático que difícilmente cuestionará la idoneidad de los compradores o la justicia de los precios finales.
Vender la casa para pintar la fachada es una estrategia arriesgada. La urgencia por obtener flujo de efectivo para obras antes de que el calendario electoral apriete, parece haber forzado una convocatoria con precios “de salida” sumamente atractivos para los grandes desarrolladores.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Por qué el patrimonio de las y los potosinos debe rematarse por debajo de su valor de mercado? Aunque el recurso se prometa para infraestructura, la merma patrimonial es un hecho si la vigilancia no sale de los pasillos de la Unidad Administrativa Municipal. Sin una lupa ciudadana real, el riesgo de que el patrimonio público se convierta en la ganancia privada de unos cuantos es más alto que nunca.
