✍️ Michel Martínez
El derecho a la movilidad urbana sigue siendo una asignatura pendiente para las minorías en San Luis Potosí. Fuera del sistema MetroRed, la realidad del transporte público en el estado refleja un panorama de profunda exclusión en materia de Derechos Humanos. Colectivos y asociaciones civiles han señalado históricamente las barreras estructurales que enfrentan, una crisis que la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha tenido que reconocer de manera oficial.
Araceli Martínez Acosta, titular de la SCT en el estado, admitió en entrevista que el porcentaje de unidades que cuentan con mecanismos de accesibilidad, como rampas, es alarmantemente bajo. “Yo creo que ha de ser aproximadamente el 10%, son muy pocas”, declaró la funcionaria, evidenciando que más del 90% de la flota vehicular actual condena al aislamiento o al gasto excesivo en transporte privado a la población con discapacidad.
Frente a este rezago, que la secretaria calificó como una “problemática heredada de otros gobiernos” que afecta a todos los usuarios, la dependencia se encuentra en proceso de integrar un diagnóstico integral. Este estudio busca mapear con precisión las necesidades reales de movilidad de este sector de la población, identificando quiénes requieren transportarse para acudir a terapias, trabajar o llevar a sus hijos a la escuela.
Martínez Acosta detalló que el proyecto contempla la creación de comités ciudadanos de movilidad para asegurar la inclusión no solo en la zona metropolitana, sino también en las distintas regiones y comunidades rurales del estado. “Llega el momento de tomar decisiones para poder generar alternativas”, afirmó la titular de la SCT, señalando que los resultados determinarán si se implementará un sistema de transporte exclusivo o si se adaptarán aditamentos específicos a las rutas existentes una vez que se conozcan los puntos de origen y destino de los usuarios.
A pesar de la urgencia expresada por los colectivos de derechos humanos, los tiempos institucionales avanzan a otro ritmo. La SCT prevé tener un avance importante de este diagnóstico para finales de este año, coincidiendo con el término de los estudios de factibilidad para el otorgamiento de nuevos permisos y autorizaciones en diversas modalidades de transporte.
La funcionaria aseguró que se arrancará con la información que se tenga disponible antes de que concluya el ciclo actual, bajo la premisa de que la movilidad digna es una necesidad que ya no puede esperar. Sin embargo, para las miles de personas con discapacidad en San Luis Potosí, cada día sin infraestructura accesible se traduce en una violación sistemática a su derecho a la ciudad, a la autonomía y al desarrollo pleno.
