El Gobierno del Estado de San Luis Potosí alista una iniciativa para incrementar significativamente las sanciones por el delito de extorsión, con el propósito de equipararlo al secuestro y establecer penas que podrían alcanzar entre 30 y 40 años de cárcel. La medida forma parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para reducir la incidencia delictiva y otorgar mayor protección a la ciudadanía.
El Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que las áreas jurídicas del Ejecutivo trabajan en la elaboración de esta propuesta legislativa, cuyo eje central es fortalecer el marco legal y cerrar el paso a quienes incurren en prácticas de intimidación y cobro ilegal que afectan directamente a familias y sectores productivos.
Torres Sánchez destacó que este reforzamiento jurídico se complementa con acciones operativas ya desplegadas en la región Huasteca, donde se mantiene un dispositivo interinstitucional en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Adelantó que en los próximos días se sumarán corporaciones federales a los recorridos de vigilancia para robustecer la presencia y mejorar los resultados en materia de seguridad.
El funcionario estatal subrayó que no habrá tolerancia para ningún actor involucrado en actividades de extorsión, incluyendo posibles casos donde intervengan elementos de corporaciones municipales o estatales. Reiteró que toda denuncia será investigada y que el Estado actuará con firmeza para garantizar justicia y tranquilidad a la población.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo estatal busca consolidar una respuesta más contundente frente a uno de los delitos que mayor impacto genera en la vida económica y social de San Luis Potosí, marcando un paso decisivo en el fortalecimiento del marco legal y la protección de las y los potosinos.
