Lo que debería ser una de las semanas más alegres y esperadas por los estudiantes en el marco de las celebraciones por el Día del Niño, se ha transformado en un escenario de hermetismo en el Colegio Miguel M. de la Mora, ubicado en la colonia Hacienda de Jacarandas, tras la difusión de mensajes con supuestas amenazas de muerte detectados en las instalaciones. Ahora, algunos padres de familia han optado por el ausentismo, priorizando la integridad de sus hijos frente a lo que consideran una respuesta institucional insuficiente.
El origen de la psicosis
La alerta se encendió formalmente tras un comunicado emitido por la Dirección General del colegio el pasado 25 de abril. En el documento, la institución reconoce el hallazgo de un “mensaje inapropiado” en uno de los baños de hombres. Aunque el colegio asegura haber activado protocolos de seguridad y dado aviso a las autoridades, el sentimiento entre los padres de familia es de profunda vulnerabilidad.
Sin embargo, el descontento no nace de un hecho aislado. Testimonios de padres de familia señalan que este incidente se suma a una situación previa: una presunta amenaza emitida por una alumna de sexto grado que ya ha sido identificada por los tutores. La falta de transparencia inicial y el hecho de que el autor del mensaje en el baño aún no haya sido localizado, han alimentado el temor de una posible conexión entre ambos eventos.
Entre la “broma” y el riesgo real
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) ha puesto el tema sobre la mesa desde una perspectiva regional. Según la autoridad, se han registrado reportes similares en diversos planteles de la capital potosina, vinculados presuntamente a retos virales en redes sociales.
No obstante, la postura de la autoridad es clara: este tipo de conductas no pueden ser minimizadas como simples travesuras. La SSPC advirtió que estos actos tienen consecuencias legales y que la seguridad escolar no es un tema de juego. Para los padres del Colegio Miguel M. de la Mora, la explicación del reto viral no es suficiente para devolverles la tranquilidad, especialmente cuando reportan que existen antecedentes de comportamientos disruptivos dentro de las aulas que no han sido sancionados con firmeza.
El debate: ¿Derechos Humanos o impunidad?
El caso abre un debate ético y legal de gran calado. Por un lado, las autoridades educativas suelen invocar la protección de los derechos humanos de los menores para evitar medidas drásticas como la expulsión. Por otro lado, la comunidad de padres cuestiona hasta qué punto el derecho de un individuo a la educación debe prevalecer sobre el derecho a la seguridad y la paz mental de cientos de alumnos.
“Sentimos una gran impotencia”, comenta una madre de familia que prefirió el anonimato. “Se emiten comunicados que dicen que todo está bajo control, pero no se toman medidas ejemplares con los responsables identificados. Mientras tanto, nuestros hijos tienen miedo de ir al baño o de entrar a su propio salón”.
La situación en el Colegio Miguel M. de la Mora es un espejo de la crisis de convivencia que enfrentan los centros educativos en la era digital. Más allá del castigo, el conflicto exige una reflexión profunda sobre la responsabilidad compartida entre escuela, familia y estado.
¿Hasta qué punto debe la comunidad escolar soportar la psicosis generada por conductas violentas en aras de la inclusión? La línea entre el respeto a los derechos del menor infractor y la protección del colectivo parece ser hoy más delgada que nunca. Por ahora, el silencio en los pasillos de un colegio que debería estar lleno de risas es el recordatorio más amargo de que, en materia de seguridad infantil, la percepción de riesgo es tan real como el riesgo mismo.
✍️ Michel Martínez
