Hace apenas unos días, San Luis Potosí abrió una discusión que inevitablemente genera posiciones encontradas. El gobernador Ricardo Gallardo anunció una iniciativa para regular el uso de celulares y pantallas en primarias y secundarias, priorizando su utilización con fines educativos. No es una conversación aislada. En Europa se avanza también hacia mayores restricciones para el acceso de menores a determinados servicios digitales y, cada vez con mayor claridad, hacia obligaciones para que éstos sean seguros desde su propio diseño. Distintas sociedades parecen estar llegando, por caminos diferentes, a una conclusión semejante: hay edades y espacios en los que proteger también significa poner límites.
No me interesa discutir aquí si prohibir es correcto o incorrecto. Probablemente hemos llegado a un punto en el que establecer límites era necesario y alguien tenía que tomar la iniciativa y asumir también el costo de hacerlo. Me interesa una pregunta que comienza justamente después: ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos compra la prohibición? Porque retirar una pantalla durante algunas horas puede recuperar atención, convivencia y espacio educativo; lo que no garantiza es que el estudiante haya aprendido a gobernar su relación con ella cuando vuelva a tenerla enfrente.
Quizá ése sea el riesgo de confundir protección con preparación. Un niño puede terminar la primaria y la secundaria cumpliendo perfectamente una restricción y llegar después a la preparatoria sin comprender mucho mejor el entorno digital al que inevitablemente regresará. Entonces habremos postergado la inmersión, no preparado para ella. Si sabemos que algún día tendremos que devolverle la pantalla, deberíamos comenzar desde ahora a preguntarnos qué capacidades queremos que haya desarrollado cuando llegue ese momento.
Y tampoco estamos hablando solamente de redes sociales. La categoría empieza a quedarnos pequeña. Podemos restringir Instagram o TikTok y dejar intacta buena parte del ecosistema que compite por nuestra atención. ¿Qué ocurre con YouTube, los podcasts, la publicidad insertada en Spotify, los videojuegos, los servicios de streaming, los blogs o los asistentes de inteligencia artificial? Algunos permiten conversar y otros únicamente entregan contenido, pero muchos seleccionan, recomiendan, perfilan, reproducen automáticamente y aprenden de nuestra conducta para decidir qué mostrarnos después. El problema quizá no sea exclusivamente la red social, sino la arquitectura mediante la cual hoy se distribuye y monetiza nuestra atención.
La discusión europea resulta interesante precisamente porque comienza a moverse en esa dirección. Ya no se concentra únicamente en la edad del usuario o en aquello que éste debería hacer para protegerse; incorpora también servicios de video, videojuegos e inteligencia artificial y dirige la mirada hacia mecanismos como la reproducción automática, el desplazamiento infinito, las notificaciones o los sistemas de recomendación. La pregunta empieza a alcanzar al otro lado de la pantalla: ¿qué responsabilidad corresponde a quien diseñó el entorno dentro del cual pedimos a un menor ejercer autocontrol?
Ahí encuentro dos tareas que deberían comenzar durante el tiempo que nos concede la restricción. Una corresponde a quien distribuye. Sería demasiado cómodo exigir moderación y pensamiento crítico a un adolescente mientras dejamos prácticamente intacta la responsabilidad de organizaciones que utilizan datos, diseño y algoritmos para captar y conservar su atención. Eso no significa responsabilizar a una plataforma por cada palabra, video o podcast producido por terceros, mucho menos convertirla en árbitro de lo que podemos decir. Una cosa es la responsabilidad sobre el contenido y otra la responsabilidad sobre la arquitectura que lo distribuye. Quien diseña el sistema de recomendación, inserta publicidad, perfila al usuario o construye mecanismos para prolongar su permanencia debe responder, al menos, por aquello que decidió diseñar.
La otra tarea nos corresponde a quienes educamos. Y probablemente sea la más difícil: educar para la autonomía. La aspiración no puede ser mantener permanentemente a niñas, niños y adolescentes alejados de la tecnología, sino conseguir que lleguen al momento de entrar plenamente en ella con un criterio suficientemente formado para comprender el entorno que tienen enfrente. Tendremos que acompañar progresivamente esa inmersión hasta desarrollar algo bastante más complejo que la destreza para utilizar una herramienta: la capacidad cognitiva para analizar cada situación, comprender qué pretende de ellos y decidir qué tratamiento merece aquello que reciben.
Porque desenvolverse autónomamente en el mundo digital también significa aprender a descartar. Saber cuándo una información merece profundizarse, cuándo debe contrastarse, cuándo estamos frente a entretenimiento, publicidad o persuasión y cuándo algo simplemente no merece un minuto más de nuestra atención. Entrar y poder salir. Utilizar una herramienta sin necesitarla permanentemente. Aprovechar una recomendación sin quedar atrapados en la siguiente. Consultar una inteligencia artificial sin entregarle nuestro razonamiento. En un mundo construido para conseguir que permanezcamos, quizá una de las mayores expresiones de autonomía sea conservar siempre la capacidad de decir: esto no me sirve, y aquí lo dejo.
Por eso quizá deberíamos dejar de pensar solamente en prohibiciones y comenzar a imaginar etapas de autonomía. Primero protegemos cuando todavía no existen herramientas suficientes para enfrentar determinados entornos; después formamos criterio y acompañamos; finalmente permitimos que ese criterio se encuentre con la realidad y sea ejercido. Porque tampoco podemos formar autonomía exclusivamente en ausencia del riesgo. En algún momento habrá que permitir la experiencia, el error, la decisión y también la posibilidad de corregirse. La educación digital debería prepararnos precisamente para ese momento.
La medida tomada en San Luis Potosí nos ofrece entonces algo bastante más valioso que unas horas sin pantallas: nos compra tiempo. Aprovecharlo significaría construir durante primaria y secundaria las capacidades que nuestros jóvenes necesitarán cuando la restricción termine y, simultáneamente, construir reglas para que el entorno al que ingresarán tampoco pueda diseñarse ignorando su responsabilidad. Proteger al usuario mientras formamos su criterio; responsabilizar al distribuidor mientras perfeccionamos sus reglas; y avanzar progresivamente hacia una autonomía que algún día haga menos necesaria la prohibición.
Porque algún día tendremos que devolverles la pantalla. Y quizá entonces descubramos si la medida realmente funcionó: no cuando nuestros jóvenes demuestren que aprendieron a obedecer mientras estuvo guardada, sino cuando puedan tenerla nuevamente enfrente, comprender qué ocurre dentro de ella, decidir qué merece su atención y conservar la libertad de abandonarla.
No se trata de educarlos para vivir sin tecnología. Se trata de educarlos para ser autónomos frente a ella.
Si no cambió, no fue pensado.
✍️Néstor Eduardo Garza Álvarez
Maestro en Derecho Internacional y Administración Pública
