La decisión de la UNAM de suspender temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso y crear una comisión técnica para revisar el examen de admisión es una medida comprensible. Cuando existen dudas sobre la integridad de un proceso tan importante, una institución tiene la obligación de investigarlas antes de seguir adelante. Sin embargo, mientras leía el comunicado, no pude evitar pensar que, junto a la pregunta que la Universidad necesita responder, existe otra que quizá nos corresponde hacernos como sociedad: ¿estamos discutiendo únicamente cómo proteger un examen o también cómo transformar la educación para el mundo que ya estamos viviendo?
No tengo la respuesta, y sospecho que nadie la tiene todavía.
Precisamente por eso me parece tan valiosa la oportunidad de formular mejores preguntas. Si las herramientas con las que las personas aprenden, investigan y resuelven problemas han cambiado de manera irreversible, quizá el debate no debería limitarse a cómo impedir su uso durante una evaluación. Tal vez también debamos preguntarnos si seguimos entendiendo correctamente qué significa aprender y qué capacidades deberían distinguir a quienes mañana ocuparán un lugar en nuestras universidades. Cada examen refleja una idea de educación, y toda idea de educación refleja, consciente o inconscientemente, una idea de futuro.
Ésa es la razón por la que me pareció tan relevante la discusión que se abrió hace unos días en San Luis Potosí con la derogación de la llamada Ley Serrano. Más allá de las posiciones encontradas que provocó, dejó sobre la mesa una oportunidad poco frecuente: sentar a dialogar a la academia, al sector productivo y al gobierno para pensar juntos el impacto de las nuevas tecnologías. Ojalá esa conversación no se limite a decidir qué debe prohibirse, ojalá también se atreva a discutir qué necesitamos enseñar, porque las leyes pueden establecer límites indispensables para proteger la dignidad, la privacidad o la libertad de las personas, pero ninguna regulación puede sustituir la responsabilidad de preparar a una generación para el tiempo que le tocará vivir.
A lo largo de la historia, cada gran transformación del conocimiento ha obligado a revisar la manera en que educamos. La imprenta, la revolución industrial o Internet no volvieron innecesarios a los maestros; los obligaron a replantear su papel. Hoy ocurre algo parecido. El acceso a la información dejó de ser el principal desafío. Lo verdaderamente difícil es aprender a distinguir evidencia de opinión, reconocer los límites de una fuente, construir criterio y formular mejores preguntas.
La educación nunca ha competido con las herramientas; siempre ha consistido en formar personas capaces de utilizarlas con inteligencia.
Quizá por eso me preocupa que, frente a cada cambio tecnológico, nuestra primera reacción siga siendo preguntarnos cómo conservar intactos los modelos que conocemos. Tal vez la verdadera discusión no sea si debemos volver a un examen tradicional, hacerlo presencial o blindarlo con nuevos controles. Tal vez la discusión sea mucho más incómoda: ¿existen formas de evaluar que también permitan reconocer la capacidad de pensar, de resolver problemas y de utilizar responsablemente las herramientas que ya forman parte de la realidad? No lo sé. Pero seguir respondiendo con las mismas soluciones a un mundo que ya cambió difícilmente nos permitirá encontrar caminos distintos.
Ninguna generación elige la época en la que nace. Lo mínimo que puede esperar es recibir una educación que dialogue con su tiempo y no únicamente con la nostalgia de quienes la diseñaron. El conocimiento seguirá avanzando, con o sin nuestra autorización. La pregunta es si nuestras instituciones avanzarán con él o seguirán intentando alcanzarlo desde la distancia.
Porque el verdadero derecho tecnológico del siglo XXI quizá no consista en acceder a una herramienta, sino en algo mucho más profundo: el derecho a aprender el futuro.
Si no cambió, no fue pensado.
✍️Néstor Eduardo Garza Álvarez
Maestro en Derecho Internacional y Administración Pública
