Hay preguntas que parecen sencillas hasta que intentamos responderlas. Durante las últimas semanas hemos discutido sobre inteligencia artificial, educación, exámenes de admisión, periodismo, redes sociales y los límites que comienzan a plantearse frente a realidades que hace apenas unos años ni siquiera existían de la forma en que hoy las conocemos; asuntos aparentemente distintos que, sin embargo, empiezan a revelar una preocupación común. Frente a las consecuencias que produce el ejercicio de nuevas libertades, derechos y herramientas, nuestra respuesta parece dirigirse cada vez con mayor frecuencia hacia la regulación, la restricción o el establecimiento de nuevos límites. Tal vez sea necesario hacerlo en algunos casos, particularmente cuando se trata de proteger a quienes todavía no cuentan con las condiciones suficientes para hacerlo por sí mismos, pero antes de continuar acumulando prohibiciones quizá deberíamos hacernos una pregunta más incómoda: ¿estamos protegiendo para educar o estamos protegiendo porque no hemos sabido educar?
La pregunta no pretende desacreditar la regulación. Toda sociedad establece límites y toda libertad convive necesariamente con ellos; el problema aparece cuando comenzamos a utilizar la prohibición como sustituto de una responsabilidad que no conseguimos transmitir. Hemos sido extraordinariamente eficaces para enseñar cuáles son nuestros derechos y bastante menos consistentes para explicar qué ocurre cuando decidimos ejercerlos, porque un derecho no desaparece cuando genera consecuencias y tampoco se vuelve absoluto por el simple hecho de estar reconocido. Ejercerlo supone comprender que nuestras decisiones afectan a otros y que la libertad solamente puede sostenerse cuando quien la ejerce está dispuesto también a hacerse responsable de sus efectos.
Quizá las redes sociales sean hoy el laboratorio más evidente de esa contradicción. Resulta razonable preocuparnos por la exposición de niñas, niños y adolescentes a plataformas cuyos algoritmos conocen cada vez mejor cómo capturar su atención, influir en sus decisiones y mantenerlos conectados; sería ingenuo colocar a un menor frente a sistemas diseñados por especialistas en comportamiento, tecnología y comunicación y suponer que ambos participan en igualdad de condiciones. La protección es necesaria, pero difícilmente puede convertirse en el destino final, porque ese menor crecerá y terminará habitando exactamente el mundo del que intentamos protegerlo. La pregunta, entonces, no debería agotarse en determinar a qué edad permitiremos que alguien utilice una plataforma, sino en decidir en qué momento comenzaremos a enseñarle a comprender aquello que la plataforma intenta hacer con él.
Algo semejante ocurrió con la discusión que abordamos en la entrega anterior sobre el examen de admisión de la UNAM. La Universidad debe investigar cualquier duda sobre la integridad de su proceso y garantizar condiciones de igualdad para quienes participaron en él; pero el episodio abrió una conversación que permanece incluso después de cualquier resolución administrativa: si sabemos que existen herramientas capaces de buscar información, resolver problemas, construir respuestas y acompañar procesos de aprendizaje, ¿seguiremos evaluando como si no existieran o comenzaremos también a preguntarnos qué criterio tienen nuestros estudiantes para utilizarlas? No tengo la respuesta, y quizá precisamente ahí se encuentre la oportunidad. Tal vez el camino sea presencial, quizá implique nuevas formas de evaluación o eventualmente descubramos mecanismos capaces de valorar no sólo aquello que una persona sabe, sino cómo razona, contrasta y utiliza responsablemente las herramientas a su alcance. Lo importante es no reducir el futuro a una falsa elección entre regresar al examen que conocíamos o aceptar sin cuestionamientos cualquier nueva tecnología.
Cada examen refleja una idea de educación y toda idea de educación refleja, consciente o inconscientemente, una idea de futuro; por eso el problema nunca fue defender una inteligencia artificial, una plataforma o cualquier otra tecnología, sino preguntarnos si estamos formando personas capaces de ejercer responsablemente las posibilidades que el conocimiento pone en sus manos. Las herramientas cambiarán, algunas desaparecerán y otras que todavía no imaginamos terminarán formando parte de nuestra vida; lo que debería permanecer es la capacidad humana para comprenderlas, cuestionarlas y asumir las consecuencias de aquello que decidimos hacer con ellas.
La misma reflexión puede trasladarse al espacio público. El ejercicio denominado Derecho de Réplica parte de algo perfectamente legítimo: frente a información que el gobierno considera falsa, incompleta o descontextualizada, la autoridad tiene derecho a responder, aportar datos y ofrecer su propia explicación. La existencia de información oficial puede enriquecer la conversación y permitir que el ciudadano contraste versiones; el problema comenzaría si confundiéramos esa información con una verdad que no admite interpretación, porque el gobierno posee datos, pero también construye una narrativa alrededor de ellos, exactamente como los medios, los periodistas, los ciudadanos y todos quienes participamos en la conversación pública construimos interpretaciones desde perspectivas distintas.
Quizá ahí se encuentre la diferencia entre replicar y determinar la verdad. La réplica aporta elementos para que el ciudadano pueda formar un criterio; no debería aspirar a sustituirlo. Del mismo modo que la libertad de expresión no libera al periodista de verificar aquello que publica ni al ciudadano de responder por aquello que afirma, el derecho de una autoridad a contradecir una información tampoco elimina la responsabilidad que deriva del enorme poder comunicativo del Estado. Derechos distintos, poderes distintos y responsabilidades distintas, pero una misma condición democrática: nadie debería reclamar para sí una libertad cuyo ejercicio pretenda exentarlo de sus consecuencias.
Y quizá ése sea el problema que estamos observando detrás de discusiones que aparentemente no tienen relación. Nos preocupan los jóvenes y pensamos en restringir las redes; nos preocupa el uso de nuevas tecnologías y pensamos en impedirlas dentro de los procesos educativos; nos preocupa la desinformación y buscamos mecanismos para corregirla. Cada preocupación puede ser legítima y algunas probablemente requerirán regulación, pero si todas nuestras respuestas terminan dependiendo de alguien que prohíba, limite o determine por nosotros, quizá debamos preguntarnos en qué momento dejamos pendiente la tarea más difícil: educar para ejercer responsablemente aquello que durante generaciones luchamos por reconocer como un derecho.
Porque una sociedad libre no puede construirse suponiendo que todos actuarán correctamente, pero tampoco puede sostenerse creyendo que una norma podrá sustituir permanentemente el criterio y la responsabilidad de las personas. Proteger es indispensable cuando alguien todavía no puede hacerlo por sí mismo; educar, en cambio, significa prepararlo para el momento inevitable en que tendrá que decidir sin que nadie pueda hacerlo por él.
Tal vez por eso la discusión no debería plantearse entre libertad y regulación, como si una necesariamente negara a la otra. La verdadera conversación está en construir una sociedad donde la regulación proteja aquello que debe proteger, pero donde la educación haga cada vez menos necesario que alguien tenga que decidir por nosotros. Porque quizá la mayor expresión de una sociedad responsable no sea reconocer cada vez más derechos ni establecer cada vez más prohibiciones, sino formar personas capaces de comprender que cada derecho que ejercen también les entrega una responsabilidad de la que tendrán que hacerse cargo.
Si no cambió, no fue pensado.
✍️Néstor Eduardo Garza Álvarez
Maestro en Derecho Internacional y Administración Pública
