La presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, la diputada Jacqueline Jáuregui Mendoza, señaló que cualquier ajuste a la tarifa del transporte urbano para el año 2026 debe realizarse con responsabilidad social y sin afectar la economía de las y los usuarios, particularmente de los sectores más vulnerables.
La legisladora expresó su preocupación ante la propuesta de los permisionarios de incrementar la tarifa de 12.50 a 15 pesos, al considerar que, aunque el aumento pudiera parecer moderado, representa una carga significativa para estudiantes, personas de bajos ingresos y familias que dependen diariamente del servicio para trasladarse a sus actividades laborales y educativas.
Jáuregui Mendoza reconoció que los concesionarios pasaron dos años sin incrementos tarifarios, situación que, de acuerdo con ellos, limitó el mantenimiento de las unidades. No obstante, subrayó que esta circunstancia no justifica un aumento elevado, ya que no se ha observado una renovación del parque vehicular ni mejoras sustanciales en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.
Indicó que cualquier revisión a la tarifa debe considerar no solo los costos operativos del sistema, sino también el impacto social que tendría en la población usuaria, por lo que confió en que se logre un acuerdo equilibrado que priorice el bienestar colectivo.
Finalmente, la diputada reiteró que no está justificado un incremento significativo mientras no exista una mejora tangible en el servicio de transporte urbano y señaló que será responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado explicar con claridad los criterios técnicos y económicos que se tomen en cuenta al momento de definir un eventual ajuste tarifario.
