A dos años del “triunfo” de la mujer que hoy es la voz desde Palacio Nacional, y no importándole en lo absoluto cómo se encuentran las cosas en nuestro México, se atreve a convocar a celebrar ese triunfo, so pretexto de “rendir cuentas” a la ciudadanía. Pero los que no somos aplaudidores del régimen entendemos que es, otra distracción como tantas más, para lo que verdaderamente no quieren que la mayoría vea.
En este país, en el que el gobierno federal prioriza el gasto en programas sociales y es evidente que ha dejado de lado el fortalecimiento y la inversión en seguridad; México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en criminalidad, según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, lo que no quieren que veamos es la VIOLENCIA en la que vivimos.
En un México que ocupa la posición 141 de 182 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, obteniendo un puntaje de 27 sobre 100, manteniéndose como una de las naciones peores evaluadas; lo que no quieren que veamos es la CORRUPCIÓN que juraron erradicar y que no se cansan en asumir que ya no existe desde que llegaron a gobernar.
Apenas el pasado mes de abril el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) emitió una resolución sin precedentes al activar el artículo 34 de la Convención Internacional, enviando la crisis de desapariciones en México directamente a la Asamblea General de la ONU de forma urgente, respondiendo a los indicios existentes de que en México se cometen desapariciones de manera generalizada o sistemática, condiciones que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad; sin ser un tema menor por supuesto, el gobierno lo rechazó, como siempre argumentan tener “otros datos”, pues lo que no quieren que veamos son a los DESAPARECIDOS, los múltiples ASESINATOS, las cifras de TRATA INFANTIL y TRATA DE PERSONAS, a las miles de MADRES BUSCADORAS invisibilizadas tras las cifras “oficiales” actuales de más de 130,000 personas desaparecidas.
Según sus propias cifras, La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) estima que el perjuicio al erario por contrabando de combustibles, es decir el huachicol fiscal, supera los 600 mil millones de pesos, lo que nos advierte que la cifra sin duda, debe ser muchísimo mayor, así que otros aspectos que no quieren que veamos son: la IMPUNIDAD, la DESTRUCCIÓN AL ESTADO DE DERECHO que ellos fomentaron y siguen orquestando; su INCAPACIDAD para resolver los verdaderos retos que el país enfrenta en materia de salud, educación, empleo, economía, seguridad, infraestructura; no quieren que veamos a cuánto asciende la DEUDA PÚBLICA y cómo la han incrementado en tan solo unos años; no quieren que veamos el ATAQUE A LA DEMOCRACIA que realizan con la cooptación del INE y del Tribunal Federal Electoral; no quieren que veamos sus gobiernos estatales y municipales ligados al CRIMEN ORGANIZADO, a sus funcionarios emanados de esas filas y respondiendo a esos intereses.
Lo que en verdad no quieren que veamos es la verdadera cara del segundo piso de la transformación: la TRAICIÓN a los ideales de una patria LIBRE, SOBERANA y DEMOCRÁTICA.
Veámoslo TODO.
✍️ Cristina Govea Soler
Abogada
Consejera Nacional PAN
