Este sábado concluye el plazo legal para que los entes obligados entreguen al Congreso del Estado la Cuenta Pública 2025, documento que integra la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del ejercicio gubernamental.
Las autoridades recordaron que la omisión en la entrega constituye el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, ya que la ley establece como obligación presentar la Cuenta Pública dentro del periodo señalado.
El Código Penal del Estado, en sus artículos 323 y 324, establece sanciones de hasta siete años de prisión, además de la destitución del cargo e inhabilitación por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión, así como una multa que puede alcanzar las 700 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, la legislación sanciona la negativa a proporcionar información, la simulación de actos que obstaculicen la fiscalización y la entrega de datos falsos, tanto por parte de servidores públicos como de personas físicas o morales que intervengan en los procesos. Estas conductas también pueden derivar en responsabilidades penales.
Con el cierre del plazo, el Congreso del Estado continuará con el proceso de revisión y fiscalización correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente.
