Por: Karina González
En medio de una de las crisis hídricas más desafiantes para la entidad, las autoridades federales han detectado un lucrativo y opaco negocio que opera en las sombras de la legalidad: el “huachicoleo” de agua. Este viernes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que mantiene bajo vigilancia estricta seis puntos de extracción ilegal distribuidos en puntos estratégicos de la zona metropolitana y municipios aledaños.
Esta red de explotación clandestina tiene como principal objetivo la comercialización del recurso a través de pipas particulares. El rastreo de las autoridades apunta directamente a tres municipios donde la actividad ha cobrado mayor fuerza: Soledad de Graciano Sánchez, Villa Hidalgo y Mexquitic de Carmona.

Investigación penal en curso
Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector de Administración del Agua Nacional de la Conagua, fue contundente al señalar que quienes operan estos sitios no figuran en el registro de usuarios de aguas nacionales. Ante esta flagrante irregularidad, el funcionario confirmó que no solo se trata de una falta administrativa, sino que ya se realiza un monitoreo detallado para sustentar investigaciones por la vía penal.
El costo de desafiar la ley en este sector es sumamente alto. Rodríguez Alonso advirtió que las sanciones económicas para quienes sean hallados responsables de estas extracciones ilícitas son severas, con multas que oscilan entre los 1.5 y los 27 millones de pesos, dependiendo de la gravedad y el volumen del aprovechamiento no autorizado.
El precedente de 2025: Títulos revocados
La ofensiva contra el uso indebido del agua no es nueva, pero se ha intensificado. Darío González Castillo, director local de la Conagua en San Luis Potosí, recordó que la dependencia ya ha mostrado mano dura frente a estos abusos. Durante el pasado año 2025, la dirección local revocó de manera definitiva seis títulos de aguas nacionales, todos localizados en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Además de estas cancelaciones, el organismo mantiene abiertos cerca de 25 procedimientos sancionatorios con multas vigentes en diversas zonas del estado, derivados de irregularidades detectadas en el manejo y cumplimiento de los títulos concesionados.
Vigilancia permanente
Para frenar el avance de este mercado negro, la Conagua ha establecido un calendario de supervisión riguroso. Según informaron los funcionarios, la meta institucional es mantener un promedio de 28 operativos mensuales de verificación. Estas inspecciones buscan garantizar que cada gota de agua extraída del subsuelo potosino cuente con el respaldo legal correspondiente y se utilice bajo los lineamientos de sustentabilidad que exige la normativa vigente.
Con estas acciones, las autoridades buscan enviar un mensaje claro a los piperos y extractores furtivos: el agua de San Luis Potosí es un bien nacional y su explotación ilegal no quedará impune.