La historia industrial de México, marcada por décadas de extracción intensiva y disposición final descontrolada, ha llegado a un punto de quiebre. El antiguo “modelo lineal”, que asumía recursos infinitos y una capacidad ilimitada del planeta para absorber desechos ha colapsado ante la realidad de los límites planetarios transgredidos. En este escenario de urgencia, la aprobación de la Ley General de Economía Circular (LGEC) en diciembre de 2025 no es un trámite más; es el acta de nacimiento de un nuevo paradigma que redefine la relación entre el Estado, la industria y el ciudadano.
El cambio más profundo de la LGEC es semántico y legal: lo que antes se gestionaba como “basura” (un pasivo que debía enterrarse) ahora es oficialmente un “recurso” (un activo económico que debe reincorporarse a la producción). Esta transformación altera radicalmente los derechos de propiedad, las cargas fiscales y la distribución de tareas entre la Federación, los Estados y los Municipios.
Bajo el principio de “concurrencia” establecido en el artículo 73 constitucional, los tres niveles de gobierno deben actuar de forma coordinada. La ley es clara: la valorización de los residuos ya no es una opción de mercado, sino una obligación del Estado y de los particulares.
Si bien, aún no se ha publicado la LGEC las entidades federativas enfrentan un reto monumental. El Artículo Cuarto Transitorio les otorga apenas 180 días naturales para armonizar o crear sus leyes locales de no hacerlo, se activará la Ley General en la materia.
La transición no será gratuita. Ante la escasez de recursos económicos, los gobiernos locales deberán recurrir a la ingeniería financiera, como lo son: los impuestos verdes, los bonos de carbono y las asociaciones público-privadas (APP). Asimismo, la generación de datos fiables será el activo más valioso para atraer inversiones de empresas que buscan materias primas secundarias.
Es dable señalar que el éxito de la transición hacia la circularidad en México no dependerá únicamente de lo establecido en la ley general, sino de la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para traducir esos mandatos abstractos en realidades operativas, a nivel estatal: establecer la obligación de usar materiales reciclados en carreteras y edificios, priorizar las “Compras Verdes” en el gobierno, tipificar delitos como el greenwashing (fraude ambiental corporativo), exigir porcentajes mínimos de reciclado en envases o tratamientos específicos para industrias locales, la creación de instrumentos económicos atractivos para la inversión local y extrajera, así como, beneficios fiscales para transicionar a la circularidad, de igual forma, la implementación de políticas públicas que ofrezcan reducir el costo de los insumos intermedios (agua, energía y tecnología) que apuntalen al sector económico hacia la circularidad, entre otros.
Si bien la ley se dicta desde arriba, el éxito se decide en las calles, por lo que, el municipio, responsable constitucional de los servicios de limpia, debe transformarse de un “recolector de basura” en un “estratega de logística de recuperación”.
Los retos operativos para los ayuntamientos incluyen: hacer obligatoria la división de residuos en hogares y comercios, rediseñando rutas y vehículos, como se está llevando a cabo en la CDMX, a partir de este 2026, implementar plantas de biogás o sistemas de compostaje comunitario, aportar información para el padrón estatal de empresas con programas de economía circular, regularizar e integrar en un padrón oficial a las personas acopiadoras, coordinar con la federación y el gobierno estatal para implementación de instrumentos económicos y tecnológicos, fomentar el rediseño, la restauración y reparación de bienes y productos, promover el uso, producción y adquisición de productos y materiales reutilizables y reciclables, establecer políticas de reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización.
Por otra parte, se necesita fomentar el interés entre la ciudadanía para concientizarle sobre su responsabilidad pues ésta no termina al cerrar la bolsa de basura, sino que la misma nace al momento de la adquisición de cualquier producto.
Es así que, aplicar esta nueva legislación en los tres órdenes de gobierno será un reto de construcción de ciudadanía y modernización del Estado Mexicano mediante el criterio del triple impacto (ambiental, económico y social) mismo que deberá ser sostenido por todos los actores involucrados para llegar a buen puerto.
Anna de la Cruz
Abogada
