Más de 150 organizaciones, colectivas, personas defensoras de derechos humanos, activistas y ciudadanía presentaron un posicionamiento público para exigir que el reconocimiento legal de la identidad de género en San Luis Potosí sea gratuito y libre de barreras administrativas, al considerar que el cobro actualmente establecido convierte un derecho humano en un trámite condicionado al pago.
El documento señala que la identidad de género no es una concesión administrativa, sino una obligación constitucional y convencional del Estado, y advierte que imponer costos económicos vulnera principios de dignidad, igualdad, seguridad jurídica y libre desarrollo de la personalidad, afectando de manera desproporcionada a personas trans y no binarias.
Las organizaciones firmantes subrayan que el cobro, fijado en 10.52 UMA para la modificación de datos personales en actas del estado civil, representa una barrera estructural de acceso y profundiza la exclusión de poblaciones que históricamente han enfrentado discriminación y violencia institucional. Además, señalan que el monto carece de claridad jurídica y abre la puerta a discrecionalidad administrativa.
El posicionamiento recuerda que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que los procedimientos de reconocimiento de identidad de género deben ser administrativos, sencillos, expeditos y accesibles, y tender a la gratuidad para evitar que factores económicos se conviertan en obstáculos para el ejercicio de derechos.
Finalmente, las organizaciones exigieron al Gobierno del Estado, al Registro Civil y al Congreso local adoptar medidas inmediatas para eliminar cobros, armonizar la legislación con estándares nacionales e internacionales y garantizar que el trámite de reconocimiento de identidad de género sea plenamente accesible y no discriminatorio.
